Más que cinco mujeres y un agresor: el rompecabezas de la violencia de género en Cuba

En medio de las jornadas contra la violencia de género en Cuba, donde instituciones del Estado, medios de prensa, recintos académicos, centros de investigación y grupos de activistas se juntan para debatir acerca de este flagelo nacional e internacional, con el optimismo y ahínco de trabajo por tantos años y que recientemente se logra visualizar una parte del entramado estatal que dará respuesta a este problema estructural, la revista digital El Estornudo publica un trabajo acerca de cinco mujeres que denuncian abusos sexuales cometidos contra ellas por el trovador Fernando Bécquer. La noticia obliga a aterrizar lo que por mucho tiempo lleva debatiéndose.

El impacto en redes sociales ha tenido una connotación de envergadura. Ya no solo se contabilizan los testimonios de las primeras mujeres denunciantes en el trabajo periodístico, sino que se han sumado más hechos y denuncias que relatan abusos con patrones de ejecución similares por el mismo Fernando o por otros casos. Ha habido colegas del trovador que le han mostrado su rechazo y condena; otros varones que también se han pronunciado en contra con argumentos cabales en lo que respecta al complejo fenómeno de la violencia de género. Se han suscitado campañas de apoyo a las víctimas como “Yo sí les creo”, otras de petición por una “Ley integral contra la violencia de género Ya”, y otra como “No es no”. Tampoco faltan los casos que justifican al agresor y revictimizan a las testimoniantes provenientes de hombres y mujeres, sobre todo de quienes rodean o son más cercanos al trovador y conocían de sus reiterados abusos.

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Hay quienes consideran que se debe poner el foco en las víctimas y no atender más a los agresores. Hay quien recoloca la lupa en demostrar lo estructural de este caso particular, y la responsabilidad de las instituciones. Hay quienes creen que se trata de un linchamiento mediático y, por tanto, no se le debe otorgar credibilidad a las denunciantes hasta tanto los tribunales no se pronuncien. También hay quienes intentan darle un signo ideológico. Todo cuenta. Todas las piezas conforman el mismo rompecabezas.

La justicia Patriarcal.

No se trata de un linchamiento mediático. Cuando la justicia falla; cuando la policía no quiere recibir tu denuncia; cuando no se investiga; cuando, a pesar de las pruebas y de la afectación física y emocional, el agresor regresa intacto a su casa, a su trabajo o a las calles; cuando las personas encargadas de administrar la justicia (policía, fiscalía, tribunales, personal médico) revictimiza a las denunciantes ¿qué otra vía nos queda? ¿de qué justicia estamos hablando? ¿qué casos llegan a los tribunales? ¿cómo se dirime el conflicto?

Cuando el aparato institucional falla sistemáticamente en casos de violencia de género como los que se narran en el trabajo periodístico, lo primero que ocurre es que las víctimas no acuden a buscar ayuda, lo segundo que ocurre es que se genera impunidad y lo tercero, es que la única vía que queda expedita y sin barreras burocráticas patriarcales es la denuncia social y pública. Reitero, no es linchamiento mediático, es denuncia social, esa que ocurre cuando los canales tradicionales se encuentran obturados o, sencillamente, cuando no ha habido el suficiente crédito en las vías formales como para confiar en ellas.

En Cuba sabemos de estas dificultades, no es ningún secreto. La encuesta nacional sobre igualdad de género de 2016 arrojó que solo el 3,7 por ciento de las víctimas acudieron a buscar ayuda institucional ante episodios de violencia de género. Cada año, en las jornadas contra la violencia de género que tienen lugar desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre, se discute acerca del deficiente actuar de los agentes del orden y los operadores del derecho y, por tanto, de la necesidad de aumentar las capacitaciones. En la plataforma Yositecreo en Cuba abundan los testimonios de mujeres a las que no han querido radicarles la denuncia y se han quedado en total estado de vulnerabilidad e indefensión. En las redes, en los grupos de Facebook, en los muros de mis amigas, también sobran los casos de obstáculos negligentes para acceder a la justicia. Además de los testimonios donde se demandan malas gestiones del conflicto, lo que deja a las víctimas en el abandono o en la dilación injustificada de los casos sin siquiera aplicar ninguna medida de protección o acompañamiento.

Son problemas reconocidos por el estado cubano, sobre los cuales se trabaja y esto es noticia constante en los últimos meses, sin embargo, las víctimas tienen prisa. La prisa de reconstituir sus vidas, física y emocionalmente.

La ‘mala’ víctima. La ‘buena’ víctima. Las mujeres que denuncian.

Otra barrera significativa al momento de acceder a la justicia, pero también de recibir el respaldo social cuando media una denuncia pública, son los estereotipos que pesan sobre las mujeres.

Ser una ‘buena’ víctima implica haber sido una ‘buena’ mujer, es decir, que cumpla con las expectativas sociales que por su género son esperados y que su comportamiento se encuentre acorde al lugar que históricamente nos ha sido reservado: que no salga sola de noche, que no se vista muy corto ni de manera ‘provocativa’, que lleve una vida marital adecuada, que su imagen se encuentre acorde a los signos de belleza hegemónica, que su desenvolvimiento social no llame la atención ni sea disruptivo al sentido común estandarizado, es decir, que no sea libre.

La ‘mala’ víctima es, entonces, todo lo contrario. La mala víctima es aquella mujer que ‘se lo buscó’ por su comportamiento, por su imagen, por elegir el modo en que quiere vivir su vida, la que se opone a seguir los estándares de la vida adoctrinada de las mujeres. Son aquellas a las que ferozmente se les revictimiza y, en consecuencia, (casi) nadie les cree porque ‘provocaron’ ellas mismas la violencia que han vivido.

En el año 2019 la cantante Danielis Alfonso, conocida como ‘La Diosa de Cuba’, denunció públicamente al famoso compositor y flautista José Luis Cortés ‘El Tosco’, ambos pertenecientes al género de música popular bailable, por presuntos abusos verbales, físicos y sexuales. Hubo muestras de solidaridad y apoyo hacia la cantante con los hashtags #YoSíteCreo y #NoEstasSola pero, a la vez, fue atacada sostenidamente con comentarios acerca de su imagen, de su proyección, varios llegaron a ser profundamente ofensivos y vejatorios, incluso por ser defensora de un género musical como la timba.

La imagen de ‘El Tosco’, debido a su reconocimiento a nivel nacional e internacional, al prestigio de su obra y a la escala social a la que pertenecía dentro del mundo de la música, apenas fue ‘dañada’.

A ‘La Diosa’ la asediaron con innumerables críticas, repitió su historia tantas veces sentía que su credibilidad disminuía, solo por estereotipos que la hacían, en efecto, una ‘mala’ víctima. En una trasmisión en vivo por Facebook llegó a denunciar la mala praxis de su psicóloga quien le increpó el hecho de haber hablado, de haber contado su historia. La denunciante, paralelamente, había pedido apoyo institucional porque podía estar corriendo riesgos su integridad física y su carrera profesional, sin embargo, aunque pudo establecer denuncia contra José Luis Cortés este nunca llegó a ser procesado.

No obstante, la revictimización con cuestionamientos como ‘por qué habló ahora después de tantos años’, ‘por qué no lo dijo en el momento’, ‘quiere beneficiarse’ o ‘quiere perjudicar’, y sencillamente ‘son chismes de poca monta’ se repiten para el caso que nos ocupa.

Any, Liliana, Claudia, Silvia y Patricia han pasado por las mismas desacreditaciones porque, si bien no han sido atacadas por sus maneras de vivir y desenvolverse públicamente, asegurando lugares en el prototipo de las ‘buenas’ víctimas, no obstante, tienen algo en común: todas son mujeres que denuncian, mujeres que deciden contar las violencias a las que han sido sometidas contra hombres que son figuras públicas. Dejan de cumplir con las expectativas de que ‘calladas se ven más bonitas’ y arremeten contra ellas. Se han burlado de ellas, las han ofendido, han minimizado sus experiencias.

A la pregunta ¿por qué después de tantos años? Pues un abuso sexual, primero, debe reconocerse como tal, no todas las mujeres disponemos de las mismas herramientas para reconocer a corto plazo que lo que sucedió fue un abuso. Existen hechos más evidentes que otros pero, cuando se engaña y utiliza la confianza, la autoridad y la vulnerabilidad para perpetrar un hecho violento, distinguirlo se hace más difícil y lleva tiempo. Los abusos generan vergüenza y culpa, provocan miedo por posibles represalias, miedo por el rechazo social, miedo a que no les crean. Entonces sí, toma tiempo, en muchas leyes penales la posibilidad de denunciar actos de este tipo es imprescriptibles; en otras, el término es de 30 años y nunca menor a 15 años desde que se es mayor de edad.

Las mujeres que denuncian, todas y más allá de ‘buenas o malas’ porque no existen ‘malas’ ni ‘buenas’, existen víctimas a secas, todas pasan por el filtro duro de la revictimización y los estereotipos.

Ya han pasado tres años desde el caso de ‘La Diosa’, se ha movilizado el debate acerca de la violencia de género pero de nuevo se usan las redes sociales para buscar algún tipo de justicia que ayude a las víctimas a encontrar un poco de sosiego y también para ayudar a las demás a que, por sus propios medios, ‘aprendan a cuidarse’. Han pasado tres años de discusión y disputas políticas entorno a la violencia de género en Cuba y al sol de hoy las historias de estas cinco mujeres nos vuelven a descascarar la mirada para mostrarnos, una vez más, lo ‘desarmadas’ que estamos. Llega esta denuncia para desnudar todo lo que falta en nuestra sociedad y en nuestras instituciones porque solas, aunque nos acuerpemos algunas, no podemos contra la bestia estructural de la violencia de género.

El pacto patriarcal, un pacto de masculinidad.

Si los abusos descritos por las cinco denunciantes llegan a ser dolorosos, también lo ha sido, e incluso más, las redes de complicidad alrededor del agresor principal. Se reitera en los testimonios que el resto de los colegas del trovador conocían de sus ‘fechorías’, de sus abusos, sin embargo, nada dijeron nunca y solo guardaron silencio. Un silencio cómplice y victimario a la vez porque propicia la repetición de los abusos y acosos y, además, los refuerza, ya que no hay nadie, ni ningún ‘compinche’ que lo confronte.

Ese encubrimiento atiende a un pacto machista, conocido como pacto patriarcal, el que (casi) nunca se rompe porque está sostenido por iguales des-valores de construcción de la masculinidad. Ni por el bien de amigas, ni compañeras, ni familiares. Bajo este paradigma, es tan abusador el que abusa como el que deja abusar.

No obstante, ese pacto de masculinidad no rendiría los frutos que cosecha sistemáticamente si no existiera un contexto que lo favorezca. Me refiero a márgenes de impunidad, de ausencia institucional medible en las bajas tasas de denuncia y en los pocos casos que prosperan en la vía penal, y a una sociedad desentendida del tema y que naturaliza estos comportamientos trivializándolos.

El foco no puede estar solamente en quienes denuncian, también tiene que estar puesto sobre quienes son proclives a reproducir este tipo de violencias, en su mayoría varones.

La atención social seguirá invertida en tanto el factor educacional no vaya perforando los pilares estructurales del machismo y la violencia de género. En estos momentos se señala con el dedo acusatorio a las víctimas, se les deja a merced de la solidaridad atomizada y sin recursos que puedan proveer amistades y otras personas, mientras los agresores mantienen el beneficio de la duda a su favor, suelen no sentirse en la obligación de dar explicaciones ni declaraciones (cuando las denunciantes se desgastan no solo en repetir sus experiencias sino en continuar pronunciándose para reconfirmar la credibilidad de los testimonios), cuentan con la respuesta tardía del aparato de la administración de justicia y con las filas cerradas de sus cercanos, quienes se pronuncian por él con frases como ‘ya aclarará lo que tenga que ser aclarado’ o ‘se mantiene muy tranquilo’.

El pacto patriarcal, entonces, no se da solo entre pares masculinos. El pacto patriarcal supera las relaciones interpersonales y trasciende a la organización societal, a las instituciones, a la impartición de justicia, por tanto, deshacerlo significa, además de intervenir los programas de educación en todos los niveles de enseñanza con otros patrones, que las estructuras sociales y estatales se despatriarcalicen.

No es un problema ideológico, es un problema político.

La polarización política que vive Cuba en la actualidad se ha visto también expresada en el caso de marras. Algunas personas han señalado el descrédito de las testimoniantes por haber contado sus historias en un medio opositor al gobierno, y otras han defendido al presunto agresor y amigos por ser revolucionarios.

Con este tipo de manipulaciones es preciso ser determinantes: es totalmente inadmisible ideologizar los hechos, las denuncias, las personas imbuidas en ellas. La violencia de género es un problema político y, como tal, debe ser abordado y solucionado, siempre teniendo en cuenta que, aunque se trate de casos particulares, el fenómeno está compuesto por tramas multidimensionales y muy complejas. En esa misma medida deben ser las respuestas.

Si El Estornudo fue quien publicó el trabajo, fue porque otros medios a los que las denunciantes han declarado que se acercaron, no aceptaron hacerlo. A pesar de que las instituciones y medios del estado cuentan con datos, cifras, credenciales, recursos, presencia física en el territorio nacional para hacer trabajos periodísticos prolíferos y profundos, no han logrado trabajos como este (al menos con este tipo de abusos y acoso sexual[1])

Si las personas denunciadas son denominadas como revolucionarias, pues habrá que trabajar mucho más entre las filas del Partido, la Juventud, las organizaciones políticas y de masas, la franja revolucionaria y de izquierdas aunque no sean militantes, y con la sociedad toda en general. ‘Ser ejemplo de buen compañero en la vida y relación con los demás’ todavía no ha salido del reverso del carné de los militantes de la UJC, por poner un ejemplo.

Por tanto, asimilemos que la violencia de género es un problema transversal, precisamente porque es estructural, eso quiere decir que la sociedad cubana está formada sobre pilares de desigualdades históricas entre ellas las de género, entonces, el problema es político, porque requiere la intervención de las estructuras del Estado, del entramado gubernamental y del mapa de instituciones. En ellas descansa y se sostienen esas desigualdades que generan, entre otras cosas, violencias.

Si las manipulaciones desde ambos polos ideologizan este conflicto, es porque no les interesa la integridad física y emocional de las mujeres, no les interesa cooperar en el escabroso camino de lograr una vida libre de violencias.

El por-venir

Ha sido importante la respuesta del Estado y la voluntad política que ha puesto sobre la mesa en el último año respecto al problema de la violencia de género por mucho tiempo adormecido. De las más nombradas podemos contar la línea no exclusiva de atención telefónica a víctimas de violencia de género, el Programa nacional de adelanto para las mujeres, el anuncio del Observatorio de feminicidios y otras violencias de género, el anuncio de la Estrategia integral contra la violencia de género e intrafamiliar, la inauguración de las consejerías sobre violencia de género en las casas de orientación de la FMC, el anuncio de cambios integrados a la perspectiva de género en las futuras leyes penales, la inclusión de la violencia de género en el marco familiar del proyecto del Código de las Familias y el programa de Educación integral de la sexualidad. Aunque son noticia, existe cierto blindaje institucional que no permite conocer sobre el contenido de la mayoría de estas iniciativas, y tampoco participar a la sociedad civil, en particular, a mujeres con experiencias de maltrato, acoso y abuso.

De las políticas comentadas, varias solamente se encuentran anunciadas, otra se ha visto suspendida su entrada en vigor hasta nuevo aviso, el Código deberá pasar por el filtro del referéndum, y el resto apenas comienzan con su implementación. Si bien son piedras angulares, es evidente que también queda muchísimo por hacer y ese por-hacer y por-venir son acuciantes.

Además, de aprobarse el articulado del proyecto de Código de Familias, todavía quedan bastante desamparadas las violencias que no se limitan al ámbito familiar como, por ejemplo, el caso de las cinco denunciantes y el resto de las mujeres que se han sumado a la demanda con experiencias similares. Recientemente el medio de comunicación SEMlac-Cuba publicó en su perfil de Facebook datos sobre la cantidad de mujeres que han muerto por agresión desde el año 2016 hasta el 2020, lamentablemente eliminaron el post y lo que puedo recordar es que sumaban más de 2 mil muertes, en su gran mayoría perpetrados por desconocidos (se excluyen las relaciones de parejas y exparejas, las relaciones familiares y de vecinos, las relaciones laborales y estudiantiles). Evidentemente la sección dedicada a la violencia de género en la familia es insuficiente, a pesar de este gran avance.

Respecto al caso que nos ocupa, resulta urgente la respuesta de las instituciones. Ya la Fiscalía publicó hoy, 9 de diciembre, un artículo donde la autora refiere que esta institución puede actuar por el bienestar de las víctimas aun sin que medie denuncia. También menciona otros entes en donde se puede encontrar ayuda, así como números de teléfono disponibles. Aclara que el Código Penal vigente tipifica figuras delictivas que se ajustan al conflicto de marras, por tanto, es un instrumento legal que debe ser usado.

Sin embargo, es necesario recordar la persistencia de las barreras en el acceso a la justicia ya comentadas, y sobre esto es importante que se apoye a las denunciantes. Se espera de la Federación de Mujeres Cubanas un papel proactivo ante este escándalo, que puedan acompañar el proceso que decidan las denunciantes encaminar o, al menos, viabilizar medidas de protección y atención especializada.

Respecto a la denuncia penal, esta no tiene por qué establecerse solamente a través de alguna afectada. El impulso procesal puede correr de oficio, es decir, las instituciones pueden comenzar a investigar estos hechos que ya son públicos y notorios. Sería una respuesta acorde al compromiso asumido con el enfrentamiento a la violencia de género que ha sido fuertemente divulgado.

De igual manera, es perentorio legislar, crear protocolos, disponer divisiones especializadas de investigación, de atención médica y psicológica y de persecución penal, de proveer espacios seguros para que las mujeres puedan contar sus historias, crear entidades de acompañamiento y tratamiento terapéutico especializados para víctimas y victimarios.

Asimismo, las soluciones ante hechos variados de violencia de género no pueden reducirse al punitivismo carcelario. Que la vía penal sea el primer y principal recurso atenta contra la sociedad nueva que pretendemos construir y que soñamos. De ahí que las vías para la mediación, la justicia restaurativa, la reparación tienen que tomar cuerpo y forma en nuestras leyes y en la vida real. La tríada investigación-sanción-reparación con perspectiva de género tiene que ser medular en las iniciativas que se proyectan actualmente.

Las políticas anunciadas requieren volverse realidad. El programa de Educación integral de la sexualidad no admite más demoras, tampoco la Ley integral contra la violencia de género.

Es cierto que las leyes no hacen milagros, pero sabemos la fuerza social y política que tienen. No en vano se les ha puesto tanto empeño y dedicación a las versiones de proyecto del Código de las Familias. En la misma tesitura considero la importancia de que una Ley integral contra la violencia de género irrumpa en el escenario nacional. Con el mismo fragor el Código y la Ley, ni más, ni menos. Además, recursos institucionales existen y se están implementando con más perspectiva especializada. No hay nada que perder con proveer a la sociedad de mayor protección legal, y todo por ganar.

Es importante que las mujeres denunciemos, contemos nuestras historias, la sociedad cubana no es la excepción al machismo y al patriarcado, es preciso caer en cuenta de la magnitud del problema, el acoso y el abuso ocurren lo mismo en la vía pública que en nuestros centros de trabajo, en la vida profesional, en las escuelas, hasta en los hospitales. Los casos de ‘La Diosa’ y de Any, Liliana, Claudia, Silvia y Patricia (a las que se han sumado más de veinte denunciantes) son, apenas, la punta del iceberg.

En cuanto a las mujeres denunciantes en el caso de Fernando Bécquer (solo si estarían de acuerdo): únanse en una voz colectiva; úsese las instituciones como la Fiscalía para apoyar la viabilidad de la demanda y evitar los obstáculos burocráticos; denúnciese también por la vía penal que es la única habilitada en estos momentos, los delitos cometidos están tipificados en el Código vigente; protéjase y acompáñese a las testimoniantes; aléguese responsabilidad por complicidad; y pronúnciense las instituciones de cultura y empresas correspondientes. No puede haber lugar para la injusticia ni para la impunidad.

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[1] Hago la aclaración porque la columna Letras de Género de Cubadebate ha publicado trabajos relacionados con el abuso sexual infantil, embarazo adolescente y matrimonio infantil con este perfil, al igual que medios como Juventud Rebelde y Vanguardia.

Imagen tomada de La Vanguardia