La izquierda y la lucha por la diversidad (+Fanzine)

por Alina Herrera Fuentes, María Fernanda Minero y Perla Valero

*El presente artículo es parte de los esfuerzos del Seminario Feminismos a la Izquierda, impulsado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Sus autoras son parte importante de este proyecto.

La lucha por el reconocimiento de la diversidad sexual y de género y por los derechos civiles para esta comunidad ha tomado gran impulso en el siglo XXI. Aunque no se trata, para nada, de una demanda nueva. La organización de movimientos políticos que buscaban la liberación de y los derechos para las mal llamadas «minorías» sexuales tiene una historia de larga data, de casi ciento cincuenta años^[1]. Se trata de una lucha que converge con la historia de los movimientos sociales, las organizaciones y partidos políticas de izquierda, no sin tensiones pero también con alianzas y solidaridad.

Una olvidada historia de izquierdas

Los primeros movimientos organizados en favor de los derechos de la comunidad de la diversidad florecieron en Alemania a finales del siglo XIX y estuvieron muy relacionados con la lucha de las feministas y de los partidos políticos de izquierda, como el Partido Socialdemócrata alemán y, más tarde, con el Partido Comunista.

Esta defensa de la libertad sexual, independientemente de la orientación, se expresó también en la revolución bolchevique. Bajo la dirección de Lenin y el gobierno de los soviets, el Código Penal soviético de 1922 despenalizó las relaciones sexuales consensuadas entre personas adultas del mismo sexo. Con esta medida, la URSS dio el paso más importante hasta ese entonces por los derechos de la población disidente de género. Mientras que en los países de la Europa occidental la llamada sodomía se castigaba con prisión, la URSS llegó incluso a reconocer el matrimonio de una pareja no heterosexual: un hombre trans y una mujer, en 1922^[2].

Además de la despenalización de la homosexualidad, la política sexual de la URSS implementó una serie de medidas de extraordinaria actualidad: la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; nuevas leyes de matrimonio civil y divorcio; protección estatal para mujeres e infancias; igualación de derechos para infantes legítimos e «ilegítimos»; prohibición de la violencia doméstica; provisiones para las familias monoparentales; planificación del embarazo mediante métodos anticonceptivos; legalización del aborto; prevención de las enfermedades sexuales; rehabilitación social de personas en situación de prostitución; y el derecho de las personas presas a tener relaciones sexuales. Si esta novedosa legislación fue posible fue por causa de la postura y principios políticos de las izquierdas y su rescate de los programas democráticos que hiciera la Segunda Internacional, como un embate en contra de las posiciones cada vez más reaccionarias y conservadoras que se articulaban para frenar el ascenso del movimiento obrero (Frencia y Gaido, 2020).

La despenalización de la homosexualidad estuvo vigente en la URSS hasta 1934, cuando el gobierno de Stalin volvió a criminalizarla con pena de cárcel. Después de la Segunda Guerra Mundial se impuso un ambiente sexualmente conservador, que dominó tanto en las derechas como en las izquierdas de la época durante las décadas de 1940 y 1950. Esto también permeó entre las izquierdas de América Latina y el Caribe, donde la población disidente de género fue discriminada, perseguida y medicalizada, mostrando las contradicciones en el seno de las izquierdas y un distanciamiento respecto a su propia tradición de defensa de la libertad sexual.

La situación cambiaría en las décadas de 1960 y 1970, con el auge global de la revolución sexual y la consolidación de los movimientos políticos feministas y de la comunidad disidente de género,  pues las organizaciones LGBTTTIQ+ que en muchos casos venían de las filas de las mismas izquierdas, se abrieron paso para fundar sus propios espacios políticos con el impulso que tomaban los tiempos de cambio.

El nacimiento del «movimiento de liberación homosexual» en México

La década de 1960 en México fue un momento de movilización social álgida. El movimiento estudiantil de 1968 había sido brutalmente reprimido y la llamada guerra sucia se dirigió en contra de personas y organizaciones políticas disidentes que luchaban por la democratización del país —especialmente de la izquierda socialista y comunista—. Para la década de 1970 se conformaron grupos políticos de personas disidentes de género en favor de la liberación sexual y contra la discriminación de la diversidad, que se sumaron a los movimientos sociales que accionaban en ese momento por la democratización del país: el sindical, magisterial, ferrocarrilero, médico, urbano–popular y feminista. Buena parte de quienes conformaron los grupos políticos «lésbicos–gay» de la época eran personas que venían de los movimientos sociales, las organizaciones y partidos políticos de izquierda. De allí que existiera una vinculación orgánica, aunque no sin tensiones y diferencias. La comunidad disidente de género abrió sus propios espacios políticos, que fueron muy ricos para la discusión de temas importantes para la comunidad, como la cuestión de asumir o no la identidad sexual en público; la cuestión de la transmisión de las herencias y la propiedad; y la protección legal para cónyuges, hijos e hijas de parejas homosexuales.

En 1971 se constituyó la primera asociación en favor de los derechos de las personas disidentes de género, el Frente de Liberación Homosexual de México (FLH). Mientras tanto, en 1975 Luis González de Alba, uno de los líderes del movimiento estudiantil de 1968, redactó un manifiesto titulado «Contra la práctica del ciudadano como Botín Policiaco», publicado en el suplemento cultural de la Revista Siempre! que era dirigida por Carlos Monsiváis. El manifiesto denunciaba la brutalidad policiaca materializada en extorsión, intimidación, redadas, detenciones ilegales, tortura y hasta asesinato a la ciudadanía bajo la sospecha de homosexualidad. En aquel entonces, eran las personas de la comunidad disidente de género y de la izquierda comunista las más perseguidas por ser consideradas elementos «subversivos» de la sociedad. Dicho manifiesto fue firmado por prominentes figuras de la izquierda como Elena Poniatowska, José Revueltas, Pablo Gómez, Arnaldo Córdova, Carlos Pereyra y José María Pérez Gay. Además de otras 80 personalidades de la política, la intelectualidad, del mundo del arte y el entretenimiento, como Juan Rulfo, Salvador Elizondo, Emilio Carballido, Nancy Cárdenas y el propio Monsiváis.

Para 1978 se creaba el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR) y el Grupo Lambda de Liberación Homosexual. Por esos mismos años se fundaron también organizaciones de mujeres lesbianas como Ákratas (1975), Lesbos (1977) y Oikabeth (1978). Oikabeth, Lambda y el FARH constituyeron la Coordinadora de Grupos Homosexuales (CGH) que en vinculación con sindicatos y partidos socialistas y comunistas se organizó en contra de la represión policial, cultivada por el rechazo social a la homosexualidad y la normalización del maltrato a las personas de la comunidad.

La «primera gran marcha del orgullo homosexual»

Un antecedente importante de la primera marcha del orgullo sexodiverso fue la movilización del 26 de julio de 1978 que conmemoraba los diez años del Movimiento Estudiantil de 1968 y promovía una Ley General de Amnistía para grupos insurgentes y disidentes políticos. La fecha, además, rememoraba el asalto al cuartel Moncada y el inicio del movimiento revolucionario en Cuba. Militantes del FHAR se unieron al contingente como una organización que instaba a la conformación de un frente amplio contra la represión policíaca, las detenciones arbitrarias y las vejaciones en contra de la clase trabajadora y la población homosexual.

Al año siguiente, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR) y el Grupo Lambda de Liberación Homosexual convocaron a la Primera Gran Marcha de Orgullo Homosexual. Realizada en la Ciudad de México el 29 de junio de 1979, conmemoraba los diez años de la rebelión de Stonewall, la protesta neoyorquina iniciada por dos mujeres trans, la afroamericana Marsha P. Johnson y la latina Sylvia Rivera, quienes se oponían a una redada policial en un bar gay. Este evento detonaría la organización del movimiento de liberación LGBTTTIQ+ en Estados Unidos.

En la primera marcha mexicana del orgullo sexodiverso se escucharon consignas como «no hay libertad política si no hay libertad sexual» y «nadie será libre hasta que todos seamos libres». Se demandaba poner alto a las redadas policiales contra los establecimientos donde se reunían las personas LGBTTTIQ+, que eran criminalizadas, estigmatizadas, satanizadas y patologizadas^[3]. De ahí la importancia de la reivindicación del «orgullo» en esa primera marcha, con consignas como «la diferencia no es vergüenza» que reivindicaba la politización de la sexualidad para contrarrestar los prejuicios y el rechazo social. Además de organizaciones políticas de la comunidad sexodiversa, a la marcha se sumaron agrupaciones feministas y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), de filiación trotskista.

Estas alianzas con las organizaciones, movimientos y partidos de izquierda fueron recurrentes. Los grupos políticos de la diversidad tuvieron vínculos con el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), liderado por Rosario Ibarra de Piedra, a quien apoyaron como candidata a la presidencia en 1982 por la vía del Comité Lésbico–Homosexual. También se sumaron al Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres (FNALIDM). En su vinculación con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), se incluyó a tres integrantes de Lambda en la lista de candidaturas a diputaciones plurinominales (Martínez Carmona, 2018).

La solidaridad con las izquierdas latinoamericanas también se cultivó. El FHAR incluso emitió una declaración de principios donde se sumaba a los comités de apoyo a la Revolución Nicaragüense y al pueblo de El Salvador. Estas alianzas y enmarcaciones políticas han sido borradas sistemáticamente de la historia de las luchas por la diversidad en México. Históricamente, el movimiento de la diversidad ha luchado con las izquierdas por la democratización, por la ampliación de los derechos, por la no exclusión y la no discriminación, por la «libre opción sexual»^[4] y por la justicia social.

La crisis del movimiento: ruptura política, VIH y mercantilización

Para la década de 1980 comenzaron a hacerse más palpables las diferencias políticas al interior del movimiento y sus organizaciones, relacionadas con la predominancia de las distintas comunidades disidentes que las integran y con la disyuntiva sobre las líneas políticas y estrategias a seguir. La homosexualidad entre varones primó por encima de las comunidades de lesbianas, de bisexuales y de personas trans y travestis, incidiendo en disputas por el liderazgo y la falta de acuerdos. Todo esto en medio de un contexto de exacerbación de los encarcelamientos y crímenes de odio, los cuales incidieron en la disolución del FHAR y Lambda entre 1982 y 1984 (Martínez Carmona, 2018).

Aunque el movimiento de liberación homosexual venía de las izquierdas, se encontró con reticencias entre sus camaradas de otras organizaciones y los partidos políticos, ante las demandas y formas de acción política del movimiento. El travestismo, por ejemplo, causó controversias con algunas alianzas de izquierda, que ponderaban la «respetabilidad» de las luchas. La izquierda más ortodoxa se distanció de las llamadas «vestidas», mientras que algunas feministas denunciaban que las travestis enfatizaban los rasgos normativos de feminidad contra los que ellas luchaban. Además de no alcanzarse una identidad colectiva, obstáculos y discriminaciones de clase terminaron segregando a los grupos trans de los liderazgos del movimiento, a pesar de la contienda en común por la emancipación de las clases populares (González Romero, 2021).

Paralelamente, la proliferación del VIH/SIDA entre personas de la comunidad y en medio de la profunda crisis económica de los años 80 —recordados como la «década perdida»— impactó las estrategias de lucha. Las prioridades fueron reorientadas ante las necesidades de vida o muerte de la pandemia de VIH. La estigmatización social de las personas enfermas e infectadas, fundamentalmente promovida por los sectores conservadores sociales y la iglesia, terminaron por socavar el impulso del movimiento.

A la par, el gobierno capitalino comenzaba a otorgar los permisos respectivos para la realización de la segunda y tercera marcha del orgullo homosexual. Y con ello, también llegaron las autorizaciones legales para bares y centros de espectáculos nocturnos que abrieron paso a la comercialización de vendedores voraces del «consumismo gay» [sic] (Barrón Gavito, 2010). El oportunismo del capital fue permeando y mercantilizando al movimiento, mientras incorporaba las diferencias de clase y la explotación de la propia comunidad, aunque no sin resistencias.

Las condiciones actuales: avances y pendientes

Los avances en materia de derechos humanos para las personas disidentes de género comenzaron a ser palpables en México hasta finales de la década de 1990. Apenas en 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) diseñó e implementó cuotas para personas de la diversidad sexual (Vázquez Piñón, 2021).

La Ciudad de México ha sido la entidad que más ha progresado gracias a los gobiernos de izquierda que han administrado al Distrito Federal y a la Ciudad de México en los últimos 25 años. En 1998 se retiró a la homosexualidad como agravante del delito de corrupción de menores del Código Penal de la Ciudad de México. Un año después, la Asamblea Legislativa tipificó la discriminación, incluyendo aquella por motivos de orientación sexual. Para 2008, se aprobó el cambio de nombre y género mediante el juicio de reasignación sexogenérica. En 2009, se legisló en favor del matrimonio igualitario, con una reforma al Código Civil. Seguiría la legalización de la adopción para parejas del mismo sexo, aprobada por la Suprema Corte de Justicia (SCJN) en 2010. Mientras que en 2011 se sancionó la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación que, por primera vez, enuncia a la comunidad LGBTTTIQ+. Y para 2014, una resolución de la SCJN obligó al Seguro Social (IMSS) a otorgar la afiliación para parejas del mismo sexo.

Fuera de la capital, el matrimonio igualitario ha sido aprobado a través de fallos judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque no se ha incluido en todos los códigos civiles. Así ocurre en los estados de Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Jalisco, Campeche, Michoacán, Morelos, Colima, Sonora, Chiapas, Jalisco y Puebla. Por su parte, las uniones civiles entre parejas del mismo sexo son legales en Quintana Roo y Tlaxcala. Y la adopción para parejas del mismo sexo es legal en Coahuila, Campeche, Colima, Michoacán, Morelos y Veracruz (López, 2018). Las terapias de conversión o Ecosig (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género) se han prohibido en la Ciudad de México, Tlaxcala, Colima, Zacatecas, Baja California Sur, Estado de México, Yucatán, Hidalgo y Puebla, y son consideradas prácticas que violan los derechos humanos.

En materia de derechos trans, la Ciudad de México reconoció el derecho de la Identidad de Género administrativa para personas trans, adolescentes y adultas, desde 2014. Derecho que también existe en Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala. Además, en la Ciudad de México se inauguró la primera clínica pública para personas trans en 2021: el Centro de Atención Transgénero Integral (CATI). Y sobre el tema del reconocimiento de las infancias trans, se han presentado iniciativas en el Congreso de la Ciudad de México, por parte de la bancada de Morena (López Pérez, 2021).

A pesar de estos avances que son significativos pero aún insuficientes, la discriminación contra la población LGBTTTIQ+ continúa. Según datos de 2017 el 30,1% de la población disidente de sexo y género manifestó haber sufrido discriminación debido a su orientación sexual. Al 40% se les han negado sus derechos, afectando ligeramente más a hombres que a mujeres. En el caso de las personas trans, el 72% consideró que en nuestro país se respetan poco o nada sus derechos. Mientras que las personas gays y lesbianas coincidieron en un 66% con esta afirmación (INEGI, 2017).

Un tercio de la población mexicana reconoció que no le rentaría una habitación de su vivienda a una persona con VIH/SIDA, a una personas trans y a personas homosexuales (INEGI, 2017). Siete de cada diez personas LGBTTTIQ+ han sido discriminadas en espacios educativos y laborales, sufriendo acoso y hostigamiento (Vela Barba, 2017). Un alarmante 42% de las mujeres trans, 38% de los hombres trans y el 39% de las mujeres lesbianas han sido discriminadas en el espacio público (INEGI, 2017). El 24% de las personas trans tuvo alguna experiencia de discriminación durante atenciones médicas debido a su identidad de género (CONAPRED/CNDH, 2018). Y entre el 2013 y el 2017 se han registrado 381 asesinatos de personas disidentes de género, presuntamente vinculados con su orientación sexual, identidad y/o expresión de género (INEGI, 2017).

Aunado a esto, la población trans y travesti enfrenta sistemáticamente el empobrecimiento, el desempleo y el empleo informal. Esto a menudo se traduce en su incoporación al trabajo sexual precarizado, donde esta población se encuentra en riesgo de contraer VIH/SIDA y a sufrir violencia sexual y de género. Persistentemente, la población trans se ve obligada a abandonar los estudios y es expulsada de sus hogares y viviendas, enfrentando la vida en situación de calle y siendo discriminada en los centros de salud. Son personas criminalizadas y fácilmente reclutables para el tráfico de drogas, la trata de personas y la explotación sexual y laboral. La esperanza de vida de las mujeres trans en México no supera los 35 años. Además, las personas trans sufren un asedio policial perseverante: sus índices de encarcelamiento superan el 30%, lo cual se traduce en 150 mujeres trans presas de cada 450 de personas de la diversidad sexual y de género (Xantomila, 2020).

Estos datos nos muestran que la población LGBTTTIQ+ aún conforma uno de los grupos más marginalizados y excluidos de la sociedad, y ha sufrido en carne viva las más terribles violencias del capitalismo neoliberal, patriarcal y racista que se desatan sobre sus cuerpos discriminados, explotados y vejados. De allí la importancia de profundizar la transformación del orden neoliberal en beneficio de esta población históricamente abandonada.

En este año se han presentado iniciativas importantes. En marzo, la Coalición Mexicana LGBTTTI+, junto con legisladores y legisladoras de Morena, propuso una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para combatir las tasas de desempleo entre personas trans y no binarias. Además de modificar la Ley Federal del Trabajo para mencionar explícitamente la inclusión laboral trans y no binaria, se propone un plan nacional para la capacitación y profesionalización de esta población, para alcanzar su acceso al trabajo formal en las instituciones públicas, así como para otorgarles al menos el 3% de plazas de trabajo del servicio público (El Financiero, 2022).

Una legislación similar fue promulgada en Argentina el año pasado, 2021. Se trata de la Ley de Cupo Laboral Travesti–Trans «Diana Sacayan–Lohana Berkins», la cual garantiza la inclusión laboral de esta población en el 1 % en los tres poderes de gobierno, ministerios públicos, organismos descentralizados, entes públicos no estatales, empresas y sociedades del Estado, bajo todas las modalidades de contratación. Garantiza la terminalidad educativa y capacitación; incentiva al sector privado para contratación a esta población; y permite el acceso al crédito para los emprendimientos productivos de este colectivo (El Financiero, 2022).

Solidaridad en la lucha

Hoy día vivimos un contexto en el que la extrema derecha, los fundamentalismos religiosos y las fuerzas neoconservadoras manifiestan una fuerte puja política contra los derechos de las mujeres y las personas de la comunidad LGBTTTIQ+, a la vez que incentivan la violencia contra estos grupos y la recesión de los derechos conquistados.

Las personas disidentes también pertenecen a las clases subalternas y se encuentran impactadas por el despojo de sus derechos y las condiciones de vidas desechables que imponen el capital y las violencias neoliberales mediante el descarte de la vida. Las izquierdas son las que luchan contra estas violencias neoliberales y en favor de alternativas al estado actual de cosas, de modo que su lucha converge con el movimiento de la diversidad. Históricamente se han impulsado mutuamente y han trabajado juntos. Y aún cuando el neoliberalismo pretenda desvirtuar las demandas estructurales del movimiento LGBTTTIQ+, convirtiéndolas en simples reformas legales y marketineras referentes a la identidad, la izquierda reconoce que las desigualdades que se reflejan en problemas reales de la identidad constituyen la punta del iceberg de las desigualdades estructurales e históricas. Así que aunque el neoliberalismo y la hegemonía del capital intenten subsumir las luchas de la diversidad, las izquierdas y el propio movimiento de la diversidad comparten una historia en común de luchas que nos constituyen y nos proveen de las herramientas necesarias para encarar los actuales y futuros desafíos.

Bibliografía

– Barrón Gavito, Miguel Angel. (2010). «Repensando el movimiento: una imaginación poética del frente homosexual de acción revolucionaria (1979-1981)» (tesis de maestría). México: Universidad Iberoamericana.

– CONAPRED/CNDH. (2018). Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e identidad de Género  (ENDOSIG),

– El Financiero. (1º de abril de 2022). “Cupo laboral trans en México: ¿De qué va esta iniciativa ciudadana?”

– Frencia, Cintia. Gaido, Daniel. (2020)  «Marxismo y liberación homosexual: Magnus Hirschfeld, la socialdemocracia alemana de preguerra y el gobierno soviético temprano», en Frecia, Cintia, Luparello, Velia y Gaido, Daniel (coords). Historia del Socialismo Internacional. Ensayos marxistas. Santiago de Chile: Ariadna ediciones.

– González Romero, Martín Humberto. (2021). «La revolución sexual. Debates públicos de sexualidad, política y cultura en la Ciudad de México, 1960-1984» (tesis doctoral). México: El Colegio de México.

– INEGI. (2017). Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS).

– López, Jairo Antonio. (2018). «Movilización y contramovilización frente a los derechos LGBTI. Respuestas conservadoras al reconocimiento de los derechos humano». Estudios sociológicos (161-187), (36)106, enero/abril.

– López Pérez, Emilia. (4 de enero de 2021). «Estos son los 13 estados del país que tienen leyes para reconocer identidad de género». El Financiero.

– Martínez Carmona, Carlos. (2018). «El Movimiento de Liberación Homosexual en México. Parte II: Del éxito a la crisis». Movimiento e instituciones. Foro de análisis sobre acción colectiva, protestas y democracia.

– Vázquez Piñón, Marisol. (7 de agosto de 2021). «Acciones afirmativas en 2021: dilemas en su diseño e implementación». Animal Político.

– Vela Barba, Estefanía. (2017). ​​La discriminación en el empleo en México. México: Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República/CONAPRED.

– Xantomila, Jessica. (18 de agosto de 2020). «La esperanza de vida de mujeres trans en México es apenas de 35 años, señala informe». La Jornada.

^[1] Fue en el marco de la revolución francesa que inició en 1789 que por primera vez se despenalizó la llamada sodomía, siempre que las relaciones sexuales entre varones tuvieran lugar entre adultos, con consentimiento mutuo y en privado.

^[2] Uno de los cónyuges, Evgenii Fedorovich, había nacido como mujer pero llevaba años viviendo y reconociéndose como varón; había alterado sus documentos de identidad, adoptando un nombre masculino y teniendo relaciones sexuales con mujeres. En 1922 contrajo matrimonio civil con una mujer. Fedorovich fue procesado por la justicia pero ganó el juicio. De modo que en 1922 el Comisariado del Pueblo de Justicia se vio obligado a reconocer el matrimonio como legal, porque fue concertado por consentimiento mutuo (Frencia y Guado, 2020).

^[3] Fue hasta 1973 que la Asociación Estadounidense de Psiquiatría retiró a la homosexualidad del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos mentales (DMS). Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró a la homosexualidad del listado de enfermedades mentales hasta 1989 y a la transexualidad hasta 2018.

^[4]  Retomando el lenguaje de la época, la llamada «libre opción sexual» era entendida como una alternativa revolucionaria que rechazaba los valores de la familia burguesa tradicional y combatía la «miseria sexual» en la que vivía la sociedad. De modo que su lucha se entendía como una revolución sexual necesaria para la transformación social (González Romero, 2021).

Imagen de portada: Extracto del Fanzine “La izquierda y la lucha de la diversidad” elaborado por Seminario Feminismos a la Izquierda y Frente Amplio de Círculas de Estudio.

Publicado en: Revista Conciencias