Mujeres cubanas en la post pandemia: ¿peores desigualdades y mejores políticas?

Las desigualdades en base al género se agudizaron en los últimos años a raíz de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, lo que devino en una crisis económica global. Las mujeres se expusieron más al virus dada su sobrerrepresentación en las instalaciones de salud como personal médico o sanitario y en los trabajos de cuidado en los hogares.

Con las medidas de aislamiento, ellas fueron las encargadas en mayor medida de velar por los estudios de niños, niñas y adolescentes; de cuidar a las personas dependientes; de mantener higienizadas las casas; de mantener el teletrabajo en condiciones de desventaja; y fueron también las que alertaron desde los primeros días que la violencia de género se iba a desatar al interior de los hogares debido a las restricciones de movilidad. Todo en un contexto mundial de feminización de la pobreza, de un aumento de las jefaturas de hogares por mujeres solas, de una escalada de mujeres en empleos informales, sobre todo para las racializadas, migrantes, periféricas, rurales y personas disidentes de género.

Cuba no fue la excepción. Desde lo vivido en los años 90 con el llamado Período Especial, supimos que las mujeres sufrirían la peor parte de cualquier crisis. Debieron reinventar la vida con escasos recursos, abandonar el trabajo formal remunerado, priorizar a otros integrantes de la familia más vulnerables desde mandatos y esquemas familiares patriarcales y machistas.

La COVID-19 y el reordenamiento económico nacional sufrido en medio de la crisis sanitaria y económica global ha dejado en peores condiciones a las mujeres cubanas. Recientemente la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) publicó en su sitio web el anuario estadístico del año 2021, y en él se reflejan en cifras las desigualdades basadas en el género. Si bien no son “nuevas” brechas, algunas llegan a ser preocupantes.

Los números de la desigualdad

En el ámbito del empleo formal remunerado, los hombres cubanos mantienen ventajas. Mientras que ellos representan el 61,1% de los ocupados, las mujeres lo hacen con apenas un 38,9% según datos de 2021.

Sigue siendo el sector estatal el que más emplea a las mujeres cubanas —sobre todo en Educación y Salud Pública y Asistencia Social—, mientras que el sector no estatal es el que mantiene brechas más desiguales de género. Por ejemplo, frente al millón 498 mil personas pertenecientes al sector no estatal de la economía, solamente 364 mil son mujeres, lo que representa el 24 % aproximadamente. La diferencia con relación al 76% de los hombres es muy considerable. Si comparamos con el año 2020 en el que el porcentaje de mujeres vinculadas a este sector era de un 26%, la cifra experimentó una pequeña disminución en igual proporción al total de personas.

Respecto específicamente al Trabajo por Cuenta Propia (TCP), las mujeres representan solo el 33% de los 596 mil vinculados al TCP, dos puntos porcentuales por debajo que en el 2020.

Asimismo, según las personas ocupadas en las actividades económicas primarias (agricultura, ganadería, pesca, minería), secundarias (manufacturas, construcción y energía) y terciarias (comercio, transporte, servicios, etc), las mujeres comprenden solo un 39% de ese total, apenas un 16% en las primarias y un 22% en las secundarias las que, a la par, son actividades que reciben un mejor salario medio mensual. Las actividades terciarias mantienen cierta paridad de género.

Por su parte, con relación a las ocupaciones, llama la atención que las mujeres alcanzan el 31% del total de puestos directivos en el 2021, mientras que en el 2020 la cifra fue de un 38,7% a pesar de que en ambos años el total de ocupados apenas sufrió cambios. Esto puede leerse como un efecto más de la crisis y la pandemia. Estas inequidades se manifiestan a pesar de que las mujeres llegan a terminar más los estudios que los hombres, y a pesar de ser las que más títulos universitarios poseen (60% de mujeres terminaron estudios superiores contra un 40% de los hombres).

Lo invisibilizado de los datos: la interseccionalidad

Teniendo en cuenta que son pocas las estadísticas actualizadas desagregadas por género, si queremos asomarnos a vectores como la raza o el color de la piel, la identidad de género, la orientación sexual, situación de movilidad y demás, la situación empeora.

El color de la piel como indicador que contempla la ONEI se usa muy poco. La identidad de género y la orientación sexual, apenas en algunas encuestas. De forma simultánea, mucho menos. Sin embargo, son de las poblaciones más afectadas.

Ya son varias las investigaciones (institucionales y no institucionales) del campo de las Ciencias Sociales que dan cuenta de esta imbricación de desigualdades estructurales por las que el indicador “mujer” no resulta suficiente.

¿Cómo viven las mujeres racializadas, transgénero, migrantes, discapacitadas, después de la pandemia? ¿Cuál es su situación laboral, ocupacional? ¿Cómo se comporta la discriminación en las posibilidades reales de reproducir su vida material?

Justamente por no poder responder con rigor estas preguntas costará mucho desarrollar soluciones efectivas contra esas desigualdades complejas.

Por ejemplo, se sabe que las mujeres racializadas ocupan mayormente los puestos de menor remuneración en el sector estatal, que tienen mayores tasas de desocupación, que se encuentran sobrerrepresentadas en el empleo informal o autoempleo, que son mayoría como jefa de hogares solas, que viven en viviendas más precarias, que tienen menos acceso a las divisas, que son las que más migran en el interior del país, las que más sufren de muerte materna y las que menos esperanza de vida tienen. Incluso, que se encuentran sobrerrepresentadas entre la población penal de su género. También que son las adolescentes racializadas las más afectadas por el embarazo temprano o infantil. Pero ¿cuáles son los números?

Se conoce también que las mujeres transgénero se autoemplean en la informalidad y muchas veces mediante el trabajo sexual (también las racializadas), que la esperanza de vida no supera los 50 años, que sufren una severa discriminación en centros escolares y laborales, que son criminalizadas y que sus derechos se vulneran con sistematicidad.

Estos sectores muchas veces se “quedan en casa” habitando las márgenes sociales.

No obstante, el trabajo en el hogar y de cuidados todavía no actualiza su contribución al Producto Interno Bruto (PIB); todavía no forma parte de las estimaciones y los cálculos económicos del país, siendo ocupaciones tan neurálgicas para el sostenimiento de la nación y para el llamado a “resistir” frente a una crisis que dispara en todos los sentidos.

Más y mejores políticas

El Programa Nacional de Adelanto para las Mujeres sin duda alguna actualizó la agenda estatal referente a la igualdad de género y generó acciones específicas en consecuencia. Articulado en siete ejes diferentes, uno de sus principales objetivos es lograr mayor sistematicidad en las acciones conjuntas entre las distintas entidades del Estado en sus distintos niveles, y enfrentar los obstáculos relacionados con la igualdad de género. Y su primer eje está dedicado en especial al “empoderamiento económico de las mujeres”.

Si bien la Estrategia Integral contra la violencia de género respondió a este mismo Programa en materia de violencia, no se constata lo mismo respecto a las desigualdades económicas a pesar de encontrarnos en una de las peores crisis de los últimos 30 años y a propósito de la llamada “Tarea Ordenamiento” con las múltiples medidas que le sucedieron. Ante un escenario económico cambiante e inestable, donde la tenencia de divisa extranjera es fundamental para reproducir la vida, con una apertura mayor al “emprendedurismo” direccionada a una ampliación del sector privado y a una retracción del estatal, las mujeres, en sus variadísimas condicionantes sociales, necesitan de manera vital del acompañamiento del Estado.

Los extensos apagones, la inflación y la dolarización parcial (pero cada vez más profunda) de la economía ciertamente no tienen cómo revertirse en el corto plazo. No obstante, pueden aprobarse políticas donde el género (y otros marcadores) sean el centro para el beneficio de la “liberación” del sector no estatal. Favorecer el cooperativismo, crear incentivos fiscales, otorgar créditos preferenciales, parcelas de tierra u otros inmuebles para el desarrollo de las nuevas actividades económicas, impulsar soluciones a los cuidados entre ambos sectores, disponer programas que alienten la contratación de mujeres y personas disidentes de género, etc., son perentorias para el estado actual del panorama económico y político.

Faltan más y mejores políticas, que no caigan del cielo y que sean elaboradas desde abajo, con los sectores más empobrecidos y menos beneficiados por las medidas de la última década. Que el llamado “empoderamiento” que señala el Programa, si bien ya es un término bastante liberal, al menos no se quede en la nube inalcanzable de las “oportunidades” que representan los últimos cambios económicos del país. Se necesita justicia económica mediante políticas reales formuladas entre el Estado y las comunidades; esto, a pesar de las difíciles condiciones actuales, puede ser uno de los caminos para llegar a una vida digna.

Imagen: Kaloian, OnCuba

Publicado en: OnCuba News