Más allá de Nuevo León: la crisis de feminicidios y el patriarcado neoliberal

por Alina Herrera Fuentes, María Fernanda Minero y Perla Valero
*El presente artículo surge en el contexto del Seminario Feminismos a la Izquierda, impulsado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Sus autoras son parte importante de este esfuerzo.

La desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobedo, en Nuevo León, ha centrado nuevamente la atención de la opinión pública en el grave problema de los feminicidios. Además de las conclusiones que las indagatorias puedan aportar al esclarecimiento de su muerte, durante los trece días de su búsqueda fueron encontrados los cuerpos de cinco menores y jovencitas más en las mismas zonas donde trabajaban las autoridades. ¿Qué se puede hacer frente a un problema tan complejo y que parece irresoluble? ¿Cuáles son sus causas? ¿A qué responde la invisibilización y el desinterés social generalizado que desprecia la vida de las mujeres? Este texto intentará apenas ofrecer algunas reflexiones que orbitan alrededor de estas preguntas.

Nuevo León y la larga crisis de personas desaparecidas

Según datos del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF), Nuevo León ocupó el cuarto lugar nacional en número de feminicidios en 2021, con 66 casos^[1]. Sumados a los 35 homicidios dolosos, dio un total de 101 mujeres asesinadas el año pasado; mientras que en el transcurso de este año 2022 se han reportado 23 asesinatos de mujeres tan sólo en los meses de enero y febrero, a lo que habría que sumar más de 395 reportes de desapariciones de mujeres, contabilizados por Amnistía Internacional (AI). Por su parte, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), ha registrado a 199 personas desaparecidas en Nuevo León desde el 1º de enero hasta el 15 de abril de 2022; de ellas, 62 son mujeres^[2].

Nuevo León cerró el 2021 con 269 casos de mujeres desaparecidas, mostrando un aumento del 400% en la última década^[3]. Y tal como sucede en otros estados del país, la proporción de mujeres desaparecidas compuesta por niñas y adolescentes aumenta: en el 2017 fueron 25 niñas y adolescentes desaparecidas; para el 2018 eran 88; y en 2021 sumaron un total de 100. De esta manera, las jóvenes visibilizadas a partir del caso Debanhi constituyen apenas una pequeña muestra de una crisis de 6 mil 189 personas desaparecidas durante más de cinco décadas en Nuevo León; cifra que coloca a este estado como la cuarta entidad del país con más desapariciones, después del Estado de México (10 mil 848), Tamaulipas (11 mil 923) y Jalisco (14 mil 937). Esta tendencia corresponde con lo que sucede a nivel nacional, donde las mujeres que más desaparecen son jóvenes de 15 a 19 años, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de la SeGob.

En el estado de Nuevo León, una de las cuestiones más significativas que se relacionan con el aumento de la violencia en general y de género en particular, es el incremento de la presencia de fuerzas armadas y de seguridad en el territorio^[4]. Esto se ha traducido en un aumento de las violaciones graves de derechos humanos, siendo el parteaguas de esta situación la llamada «guerra contra el narcotráfico» declarada en diciembre de 2006. Este evento significó una ampliación exponencial de la militarización de las tareas de seguridad pública en Nuevo León y en el resto del país, además de que su ubicación fronteriza con Estados Unidos ha contribuido a que esta entidad federativa se haya convertido en un espacio de disputa para el trasiego de drogas.

Aunado a esto, se ha verificado el involucramiento de agentes del Estado en los diversos crímenes que se desarrollan en colusión con agentes del crimen organizado. Es por ello que han sido tan controvertidas las declaraciones del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien intentó escindir responsabilidades entre el gobierno y la Fiscalía en el caso de investigación de presuntos feminicidios y desapariciones. El hecho de investigar correctamente una muerte violenta pareciera que resuelve el problema, pero no es así.

Si bien las instituciones y los poderes requieren de cierta independencia funcional, es inadmisible que el ejecutivo de un estado deslinde de tal forma su responsabilidad en un fenómeno social como son los feminicidios y la desaparición de personas. El relegar la responsabilidad solamente a las instituciones que específicamente están encargadas de investigar los casos no abona a su resolución estructural, pues en esa división de tareas los esfuerzos por disminuir los feminicidios se fragmentan y se minimizan a la tramitación penal de un caso particular, y por tanto sus causas son desatendidas.

¿Basta con tipificar e investigar el crimen de feminicidio?

Una preocupación que se muestra de manera reiterada estriba en que los avances en materia legal no han logrado frenar la crisis de feminicidios. Desde los casos de las muertas de Ciudad Juárez de la década de 1990 —en su mayoría jóvenes migrantes trabajadoras de maquila — se ha logrado la aprobación, en 2007, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencias, así como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de campo algodonero. En el ámbito penal se logró el reconocimiento del feminicidio como un delito. Sólo en la Ciudad de México se ha reducido el índice de feminicidios un 33% en lo que va de este año 2022 —según datos de la fiscalía—, como resultado de políticas de prevención como el programa LUNAS —unidades territoriales de atención y prevención de la violencia de género— y de la diligencia de las autoridades, lo cual ha puesto a la capital en el primer lugar entre los estados que procesan a agresores de mujeres.

El crimen de feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325 del Código Penal Federal desde hace diez años, y en él se intentó incluir la corresponsabilidad que tienen las autoridades en el asesinato de mujeres por el solo hecho de serlo. Sin embargo, cada uno de los 32 estados cuenta con su propio código penal, donde la figura de feminicidio no está necesariamente homologada. De modo que las estadísticas están sujetas a la forma en la que cada fiscalía clasifica el asesinato de una mujer. Si bien la tipificación penal de este delito favorece más a su reconocimiento social, jurídico y penal, por sí mismo no ofrece soluciones a la crisis de violencia que responde a otras estrategias: el reconocimiento de un tipo penal particular no puede desplegar los efectos preventivos y disuasivos de manera aislada.

Una gran limitación de la vía penal es que plantea un tratamiento individualizado de los casos, a pesar de que el sólo reconocimiento de la figura del feminicidio ya considera que estamos frente a un fenómeno colectivo y estructural. Pero ¿cómo resolver un fenómeno estructural a través de juzgamientos individualizados? Aunque haya avances en materia legal, la tasa de feminicidios en el país no desciende —al igual que en el resto de América Latina y el Caribe—, la percepción de inseguridad en la vida de las mujeres no merma, y las violencias en base al género y la sexualidad tampoco. Hace falta trabajar mucho más en materia de prevención y no sólo de punición.

Aunque los colectivos feministas han pedido justicia frente a la crisis de violencia y el alto porcentaje de impunidad, muchísimos hechos asociados a la violencia de género no se denuncian debido a la desconfianza en las instituciones y en los agentes del derecho. El clamor de justicia ha logrado visibilizar la tragedia que implican los feminicidios frente a la opinión pública y ejerce presión sobre las autoridades, pero lo cierto es que las causas de todos los feminicidios se relacionan con el encadenamiento de desigualdades estructurales agravadas en los últimos 40 años de neoliberalismo, que han hecho de las mujeres personas desechables y han expuesto nuestras vidas y cuerpos a una guerra sin cuartel.

Feminicidio y desigualdad neoliberal

Dentro del entramado de brechas de desigualdad, factores diversos como el origen territorial, situación de nacionalidad —la condición de persona migrante—, origen étnico, raza, clase social, edad, identidad de género y orientación sexual, componen una mayor marginalización de la vida y, en la misma medida, menor acceso a una vida libre de violencias. O dicho en otras palabras: son las mujeres empobrecidas y marginadas las que están más expuestas a la violencia de género y a la violencia feminicida, especialmente las jóvenes.

Por ejemplo, la violencia hacia las mujeres indígenas como problema de intervención pública ha sido poco abordado en las demandas de los movimientos feministas y por parte de las instituciones, si se compara con los contextos urbanos. Los datos estadísticos no desagregan según las particularidades de vida, de diversidad y diferencias culturales de las mujeres. Los feminicidios y la violencia de género que impactan a las mujeres indígenas han sido largamente invisibilizados, no tienen cobertura mediática de la prensa y (casi) nunca movilizan el actuar de las organizaciones feministas en el país. Lo mismo sucede con las mujeres rurales, jornaleras, afromexicanas, migrantes y trans. Sus vidas y muertes parecen invisibles para la sociedad mexicana.

El pasado viernes 22 de abril, en la comunidad Na savi de la Barca asesinaron a Delfina, una joven indígena jornalera, cuya muerte no tuvo ninguna repercusión social^[5]. Frida Alondra, una jovencita afromexicana de 13 años, fue hallada sin vida el pasado 12 de abril a cuatro días de su desaparición en el municipio de San Juan Bautista Lo de Soto, Oaxaca^[6], y aunque tuvo alguna cobertura mediática, no trascendió los medios como ha ocurrido con otros casos de feminicidio. Sólo las colectivas y ONGs que se enfocan en estas poblaciones específicas tienden a encargarse de denunciar las muertes de estas mujeres.

Si el ir a denunciar un caso de violencia de género se vuelve una tortura para las mujeres y familias de personas desaparecidas, esto se recrudece para las mujeres indígenas o afromexicanas. Las mujeres trans, negras y migrantes son frecuentemente criminalizadas en los ministerios públicos, pues las fiscalías e instituciones que atienden la violencia de género y los feminicidios no cuentan todavía con protocolos de especialización acordes a las necesidades de poblaciones y territorios.

Son los grupos de mujeres más empobrecidos y precarizados los que se encuentran sobrerrepresentados en la exposición al conjunto de violencias neoliberales: las maquilas, los desplazamientos forzosos, los empleos informales, las redes del narcomenudeo y en sus laboratorios, la falta de acceso a una educación pública de calidad, a bienes materiales e inmuebles. Estas expresiones de las violencias neoliberales coexisten con la violencia de género y se relacionan entre sí, pues hoy día patriarcado y neoliberalismo van de la mano.

Por su parte, la visibilización de los feminicidios también responde a una sociedad de clases. Los medios de comunicación hegemónicos y el activismo de redes sociales se han concentrado en cubrir las muertes de mujeres provenientes de contextos urbanos. Además de que las políticas públicas se concentran también allí.

El neoliberalismo y sus condiciones estructurales también tienen un efecto social y cultural que refuerza las normas sociales que justifican la posesión sobre las mujeres. Es en respuesta a la precariedad, al racismo y a la exclusión que en muchas comunidades se refuerzan los tradicionalismos de género, los fundamentalismos religiosos y la valoración positiva de la masculinidad agresiva y autoritaria. Dicho de otro modo, el neoliberalismo ha dado pie al resurgimiento de nuevas formas de opresión para las mujeres y el reforzamiento de los roles tradicionales de género que incluyen el control sobre los cuerpos femeninos, los recursos y las decisiones familiares^[7].

Todo lo anterior nos muestra que las causas fundamentales y raigales de la violencia de género y los feminicidios son estructurales, multidimensionales e interseccionales, y en esa misma dimensión global deben plantearse sus soluciones. Los feminicidios no son un problema de mujeres, es una cuestión que le compete a toda la sociedad y al Estado. Son un dolor de todxs.

Feminicidio en la sociedad del espectáculo

No se puede abordar el fenómeno de los feminicidios y la crisis de las desapariciones en México (que a su vez se enmarcan en una crisis de violaciones a los derechos humanos), sin intervenir los efectos asociados del narcotráfico, la trata de personas, los matrimonios infantiles forzosos, el crimen organizado —incluido el de «cuello blanco»—, la violencia paramilitar, el trabajo feminizado y precarizado en las maquilas, el despojo de los territorios y las violencias neoliberales que desplazan a comunidades y también a personas migrantes de América Latina y el Caribe, las cuales se agolpan en la frontera sur en pésimas condiciones de vida. Ninguno de estos fenómenos puede estar desligado de cualquier acercamiento que se haga respecto a los feminicidios en México y a las personas desaparecidas.

La visión de la violencia como un fenómeno disperso y desarticulado es reproducida en las narrativas de los medios de comunicación, como ha señalado Rita Segato, pero en realidad existe una sistematicidad de esta gigantesca estructura de violencias que tiene una extensión global. Como ha mostrado Oswaldo Zavala en su libro Los cárteles no existen, la narrativa «oficial» de la violencia ha sido extendida y enraizada en el sentido común de la sociedad mexicana para justificar la nueva doctrina de seguridad nacional: la guerra contra el narcotráfico. Esta doctrina ha sido reproducida por los [narco] gobiernos de Calderón y Peña, y su discurso fue extendido por los medios de comunicación, ocultando al mismo tiempo el papel del Estado y de la militarización en la espiral de violencia en la que fue sumergido este país.

Tras 40 años de neoliberalismo y más de una década de guerra contra el pueblo, coexiste una altísima tolerancia social por la violencia, una naturalización de la crueldad y una (in)cultura no sólo machista sino misógina. Todo esto aupado y reforzado por los propios medios de prensa que hacen espectáculo de los feminicidios, como tristemente hemos visto durante las últimas semanas con el caso de Debanhi Escobar. Las distintas plataformas mediáticas y las prácticas culturales cotidianas reproducen la cosificación, mercantilización y vejación del cuerpo de las mujeres. Desde los productos audiovisuales de masas hasta los propios programas de educación en las escuelas, posicionan a las mujeres y a las niñas en un lugar de subordinación y desvalorización «autorizada». Y en estas violencias simbólicas comienzan los tránsitos hacia el feminicidio.

Estos mismos tópicos culturales son los que llevan a la sociedad a culpabilizar por las violencias y los feminicidios a las propias víctimas, o como el caso de la muerte de Debanhi, a las amigas, familiares y a las propias mujeres en general. Todo esto sin asumir las cuotas de responsabilidad que tenemos colectivamente como sociedad. Ciertamente, las familias y la crianza forman parte de este mapa de actores sociales, pero sin lugar a duda se encuentran trascendentalmente impactadas por un todo social, económico y estructural ya descrito, incluyendo a las instituciones.

Los movimientos feministas son conscientes de estos eslabones de causalidades, sin embargo, su radio de acción e incidencia llega hasta un límite. El acompañamiento a familiares de personas desaparecidas, a víctimas y comunidades afectadas es trascendental, así como las movilizaciones que exigen la rendición de cuentas, como ocurrió en las pasadas marchas que tuvieron lugar en más de 12 entidades del país y que constituyen un fuerte reclamo de atención hacia las vidas de las mujeres, una petición de justicia y de esclarecimiento, así como garantías de no repetición.

La propia prensa validó varias versiones sobre los hechos relacionados con la muerte de Debanhi Escobar, lo que sirvió para desacreditar las gestiones de investigación; además de la notoria manipulación y la narrativa tendenciosa y revictimizante. La animosidad cubrió las calles del país y no era para menos, pues es un hecho indiscutible que la desigualdad y la violencia con base en el género tienen que ser un tema de atención del Estado. No obstante, es importante que logremos discernir aquel ejercicio periodístico desinflamado de amarillismo antiético y deshonesto para con las propias víctimas y sus familiares.

Si bien la presión social sirvió para evidenciar un mal tratamiento de los feminicidios y de las desapariciones en el estado de Nuevo León (lo que conllevó al reconocimiento por parte de la Fiscalía y del gobernador de sus errores), es importante también preguntarnos qué pasa en el resto del país, incluso en aquellos estados gobernados por Morena, donde las mujeres organizadas y muchas veces también militantes de la 4T luchan por lograr que las agendas de los derechos de las mujeres estén contempladas en las acciones de los gobiernos y en las plataformas de las candidaturas.

Nuestra tarea: la 4T será feminista

El combate a la violencia de género y la disminución de los feminicidios es aún una tarea pendiente de la 4T y es vital presionar e interpelar para su cumplimiento. Pero no sólo en la investigación satisfactoria y diligente de los casos concretos frente a los altos índices de impunidad; sino también en el diseño y aplicación de programas de prevención, capacitación, sensibilización y educación, buscando evitar vías paternalistas sino verdaderamente democrático–participativas y con perspectivas interseccionales.

La extirpación del feminicidio requiere de políticas públicas dirigidas a la transformación de los factores estructurales que fomentan la violencia de género: las desigualdades económicas y sociales, la guerra contra el pueblo y el complejo de relaciones jerárquicas de poder que naturalizan la desigualdad de género. Los programas sociales de la 4T abonan a la mitigación de estos factores, pero también se requiere de una estrategia verdaderamente nacional y coordinada entre los tres ámbitos de gobierno y la sociedad.

No debemos pasar por alto que cualquier esfuerzo encauzado a la disminución de los feminicidios y las demás expresiones de las violencias de género, deben ser medidas encaminadas también a desarticular las violencias neoliberales y su necropolítica. En ese diagnóstico ha acertado la 4T; sin embargo, el diagnóstico debe traducirse en praxis. Una praxis donde toda la sociedad asuma su corresponsabilidad: los gobiernos y sus instituciones; los medios de comunicación; el capital —que viola los derechos de las mujeres con su precarización laboral y el descarte de nuestros cuerpos—; la sociedad civil organizada; las familias; las comunidades; y lxs individuxs. Prevención, atención, acompañamiento y justicia.

#VivasYLibresNosQueremos

^[1] «Este año van 395 mujeres desaparecidas en Nuevo León: ONG», La Jornada, 23 de abril de 2022, URL: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/23/politica/este-ano-van-395-mujeres-desaparecidas-en-nuevo-leon-ong/

^[2] «199 personas desaparecidas en Nuevo León en lo que va de 2022, muestra de una crisis que ha crecido durante 10 años», Animal político, 18 de abril de 2022, URL: https://www.animalpolitico.com/2022/04/personas-desaparecidas-nuevo-leon-2022-crisis/

^[3] «Más de 200 mujeres desaparecieron en Nuevo León durante 2021», Excelsior, 11 de febrero de 2022, URL: https://www.excelsior.com.mx/nacional/mas-de-200-mujeres-desaparecieron-en-nuevo-leon-durante-2021/1498142

^[4]  Observatorio sobre Desaparición e Impunidad,Informe sobre Desapariciones en el Estado de Nuevo León con información de Cadhac, FLACSO, México, 2017, URL: https://odim.juridicas.unam.mx/sites/default/files/Observatorio%20-%20Informe%20NL%20%28Final%29.pdf

^[5] «Violar y matar a niñas indígenas», Tlachinollan. Centro de Derechos Humanos de la Montaña, 26 de abril de 2022, URL: https://www.tlachinollan.org/12947-2/

^[6] «Exigen esclarecer el feminicidio de Frida Alondra, de 13 años, en Oaxaca», Proceso, 14 de abril de 2022, URL: https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2022/4/14/exigen-esclarecer-el-feminicidio-de-frida-alondra-de-13-anos-en-oaxaca-284298.html

^[7] Montserrat Sagot Rodríguez, «¿Un mundo sin femicidios? Las propuestas del feminismo para erradicar la violencia contra las mujeres», en Feminismos, pensamiento crítico y propuestas alternativas en América Latina, Buenos Aires, CLACSO, 2017.

Imagen: Revista Conciencias

Publicado en: Revista Conciencias