Mujeres indígenas en el patriarcado neoliberal

por Alina Herrera Fuentes y Perla Valero

«Indígena» es un término complejo, una categoría impuesta por el Estado-nación que funge como «la versión políticamente correcta de indio», nos dice la lingüista mixe Yásnaya Aguilar (Ferri, 2019). Ella misma recuerda que no supo que «era indígena» hasta que llegó a vivir a la ciudad, una toma de conciencia violenta que refleja cómo esta categoría socioracial homogeneizadora, asignada por el gran otro que es el Estado, le ha sido impuesta históricamente a comunidades con sus propias y diversas identidades culturales. De allí que Aguilar señale que no existe un equivalente del término «indígena» en la mayor parte de las lenguas originarias, incluida su lengua materna, el mixe.

El término «indígena», como lo observó también el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla (1972), es una categoría supraétnica que no denota ningún contenido específico de los grupos a los que abarca, pues nunca ha posible definir de manera «objetiva» quiénes son indígenas. En realidad, señala Bonfil, «indígena» denota una particular relación entre estos grupos y otros sectores del sistema social global del que forman parte, incluyendo por supuesto al Estado (y al capital) y las relaciones coloniales que son su escenario. De allí que Bonfil Batalla afirme que «la categoría de indio denota la condición de colonizado y hace referencia necesaria a la relación colonial». Es decir, los grupos indígenas sólo existen como tales bajo una relación de dominación colonial que se ha impuesto durante los últimos 500 años. Antes de la conquista, no existían los grupos «indígenas» sino comunidades diversas con identidades culturales particulares. Indígena es, entonces, una categoría colonial que denota una relación de dominación que desafortunadamente aún es vigente.

Cuando, además de considerar el contexto de las relaciones de opresión colonial con su desigualdad racista incluimos también la opresión patriarcal, el panorama se vuelve mucho más complejo. Pues aunque el patriarcado es un orden político mucho más antiguo que antecede a la conquista de América —aunque con las particularidades propias de los llamados patriarcados comunitarios o de baja intensidad (Segato)— ha sido refuncionalizado por el capitalismo colonial. De modo que hoy día podríamos hablar de un patriarcado capitalista y colonial en su fase neoliberal, que afecta de manera muy aguda a las mujeres indígenas, como se apuntará en este texto.

Algunos datos sobre los pueblos y las mujeres indígenas en México

En México viven 12 millones, 25 mil 947 personas indígenas (equivalente al 10,1 % de la población total), distribuida en 68 pueblos. Aunque su presencia se encuentra distribuida en todos los estados del país, más de 75% se concentra en ocho de ellos: Oaxaca (14.4%), Chiapas (14.2%), Veracruz (9.2%), Estado de México (9.1%), Puebla (9.1%), Yucatán (8.8%), Guerrero (5.7%) e Hidalgo (5%) (INPI, 2018).

Del total de esta población, 5 millones 879 mil 468 son hombres (48.9%) y 6 millones 146 mil 479 son mujeres (51.1%), un grupo impactado por las desigualdades relacionadas a su género y a su pertenencia étnico–racial. Las brechas socioeconómicas persistentes en las mujeres indígenas se reflejan tanto en comparación con los varones indígenas, como con las mujeres no-racializadas.

En los territorios pertenecientes a América Latina y el Caribe, la pobreza no sólo se encuentra feminizada como consecuencia de la profundización del neoliberalismo, sino que también se encuentra racializada e indigenizada, como lo han mostrado estudios sociológicos y de la teoría feminista (Herrera & Duhaime, 2014).

Ciertamente, las mujeres indígenas en México tropiezan frecuentemente con la discriminación por razones de género al interior de sus comunidades, pero también por la segregación racista y generizada fuera de la comunidad. Incluso, penetrar en las estructuras del Estado (administrativas, de justicia, escolares, universitarias, de gobierno, etc.) se hace extremadamente difícil para ellas.

¿Qué nos dicen los datos sobre desigualdad?

Una de las desigualdades más persistentes y que se proyecta sobre el resto de las brechas es la educación. Aunque la enseñanza básica y la media superior tienen carácter obligatorio en nuestro país, sólo el 63.5% de las infancias indígenas asiste a la educación preescolar. En una de cada dos escuelas del Sistema Educativo Nacional asiste al menos un estudiante hablante de lengua indígena. Y 9 de cada 10 estudiantes hablantes de lengua indígena en los niveles de educación obligatoria se ubican en localidades de alta y muy alta marginación.

Según la Encuesta Intercensal de 2015, a partir de los 15 años de edad comienzan a pronunciarse las diferencias en el acceso a la educación de la población indígena. Mientras que solamente el 34% de las personas de 15 a 24 años en hogares indígenas asistía a la escuela, la población promedio en México lo hacía en un 44% (una diferencia de 10 puntos). Además, la diferencia entre hombres y mujeres indígenas en ese rango de edad fue de 2,7 puntos porcentuales en favor de los hombres. 

Para 2015 la tasa de analfabetismo reportada fue de 5.5% a nivel nacional, pero aumenta en los hogares indígenas a 17.8%. El indicador alcanza un 22,3% de analfabetismo entre las mujeres indígenas, con casi 10 puntos por encima de los hombres (13%), lo que demuestra nuevamente que es el grupo social más afectado.

Respecto a la tasa de participación económica la situación de las mujeres indígenas se agrava. Mientras que sus pares varones presentan una tasa de 65,7% y las mujeres no-racializadas de 33,5%, las mujeres indígenas tienen solamente una tasa de participación económica de 23,5% (una diferencia de 42,2 puntos porcentuales respecto a sus pares masculinos y otra de 10 respecto a las mujeres en general). En este rubro, el territorio irrumpe como otro factor de desigualdad ya que en las localidades menores de 2 mil 500 habitantes sólo el 13.2% de las mujeres indígenas realiza alguna actividad productiva; mientras que los hombres indígenas alcanzan un 61,3% de participación económica en las localidades rurales.

Pero estas cifras relacionadas a la participación económica excluyen el trabajo de cuidados no remunerado, que siendo vital para la economía nacional no es tomado en cuenta ni como «ocupación» ni como «trabajo», aún cuando lo es. En este sentido, el 64.7% de las mujeres indígenas de 12 años y más realiza actividades no remuneradas, mientras que los hombres indígenas lo hacen en un 35.3%. Por cada 100 personas en hogares indígenas que preparan o sirven alimentos para su familia, 78 son mujeres y 22 son hombres (para la población general la relación se comporta en un 74 contra 26).

Otro rubro sensible a las desigualdades que afectan a mujeres indígenas es la salud. La cobertura en salud hacia pueblos indígenas constituye un ejemplo de rezago social. En 2015, el 15.1% de la población indígena no estaba afiliada a ninguna institución de salud (Bonfil et al., 2017). La falta de cobertura en servicios de salud, la baja calidad de los servicios disponibles y la pobreza generalizada de las comunidades, afectan las expectativas y calidad de vida de la población indígena en general y especialmente agravan las condiciones de salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas. En el año 2014, la mitad de las mujeres indígenas no utilizaron métodos anticonceptivos en su primera relación sexual por desconocimiento, incidiendo negativamente también en la planificación de hijos e hijas, en el espaciamiento de los partos, en la anticoncepción y en la prevención de infecciones de trasmisión sexual.

La tasa de mortalidad en comunidades indígenas revela la prevalencia de 6% de muertes maternas y las enfermedades infecto-contagiosas se presentan en cifras superiores a un 57% para la población indígena. Las mujeres indígenas también sufren altos índices de violencia obstétrica a manos del personal de salud, por causa del sesgo de discriminación étnico–racial en el servicio y por la falta de infraestructura hospitalaria, de comunicaciones y transporte en sus comunidades.

Un acercamiento a la violencia de género contra las mujeres indígenas

Si bien la violencia basada en el género es resultado de múltiples causas, desde culturales hasta estructurales, los marcadores sociales como la raza, la etnia, el territorio, la situación de movilidad, la edad, entre otras, pueden modificar el comportamiento de la violencia de género en algunos grupos sociales. Así ocurre con las mujeres indígenas, en parte por causa del papel del Estado que a través de su historia y mediante sus políticas universalistas y homogeneizadoras, ha propiciado el impacto diferenciado y agravado de la violencia de género en ciertos contextos y para grupos sociales particulares.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH, 2016) nos muestra los índices comunes de violencia de género que sufren las mujeres. Estima que el 59,5% de las mujeres indígenas ha experimentado algún tipo de violencia (emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral) a lo largo de su vida, siendo este indicador de 66,8 para las mujeres no-indígenas (Bonfil et al., 2017). Pero las mujeres indígenas superan los índices registrados por el promedio de la población femenina en las siguientes expresiones particulares de violencia de género: psicológica (al ser avergonzadas, menospreciadas y humilladas y al haberles hecho sentir miedo); económica (los hombres de su familia han gastado el dinero necesario para la casa y sus cónyuges no han cumplido con los gastos o han amenazado con no hacerlo); física y sexual (las han golpeado con las manos o con algún objeto, las han empujado o les han jalado el cabello, y les han exigido tener relaciones sexuales en contra de su voluntad); doméstica (las han encerrado o les han prohibido salir o que las visiten, y las han amenazado con dañarlas, quitarles a los hijos o expulsarlas del hogar).

Teniendo en cuenta el ámbito donde tienen lugar estas violencias, la escuela y la familia representaron los espacios más hostiles para las mujeres indígenas, llegando incluso a superar las cifras de violencia de género que impactan a la población femenina en general (INPI, 2017). El ámbito laboral presentó cifras muy similares, y el espacio comunitario se ha comportado de manera más benevolente con las mujeres indígenas que con las no-indígenas.Sin embargo, si bien para todas las mujeres denunciar hechos de violencia basada en género y que éstos se investiguen resulta un camino sinuoso y lleno de obstáculos debido a razones de discriminación sexo-genérica, para aquellas que son indígenas las barreras se multiplican.

La capacitación en la traducción de los idiomas indígenas es prácticamente inexistente, por lo que muchas veces estas mujeres se ven incapacitadas de denunciar y de velar por un curso efectivo de la denuncia. En los tres sistemas jurídicos existentes en Chiapas (oficial, tradicional y zapatista), por ejemplo, las defensoras–traductoras, en colaboración con las abogadas del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), han rechazado las traducciones literales en los juicios y en su lugar elaboraron un procedimiento llamado «traducción activa de significados» (Olivera, 2017); precisamente porque las estructuras jurídicas que homogéneamente se instauran en el país no dan cuenta de estas diferencias.

Asimismo, mediante la experiencia del CDMCH en Chiapas se ha desarrollado la «defensa participativa», en donde las mujeres indígenas toman un rol protagónico en su participación procesal y jurídica, apoyadas por las abogadas del centro cuya intervención feminista ha posibilitado grandes éxitos ante las instancias zapatistas y jueces comunitarios, pero profundas derrotas antes las instancias oficiales de procuración de justicia, quienes no aceptan la intervención de mujeres que no son abogadas, menos aún si son indígenas, debido a razones netamente racistas y machistas (Olivera, 2017).

Tierra, vivienda y megaproyectos neoliberales

La Consulta Nacional sobre la Situación que Guardan los Derechos de las Mujeres Indígenas en sus Pueblos y Comunidades de 2012, que abordó la situación de mujeres indígenas pero también de mujeres indígenas migrantes, arrojó que el 42.8% de las participantes no tenía acceso a la tierra y el 43.9% no tenía derecho y/o acceso a la herencia. La situación es peor respecto al acceso a la vivienda, pues el 53% expresó no tener acceso a ella y 50.4% no tener acceso al trabajo. Además, el 39.5% de las mujeres participantes señaló depender económicamente de su pareja (Bonfil et al., 2017). Lo anterior a pesar de que el 23% del total de las mujeres mexicanas habitan en localidades rurales (incluyendo las mujeres indígenas) y representan 34% de la fuerza laboral y se estima que son responsables de más de la mitad de la producción de alimentos en México (INM, 2020a). 

Las mujeres indígenas no pueden ser consideradas cotitulares de las parcelas ejidales y comunales y sólo tienen acceso a la titularidad cuando enviudan, mientras el hijo varón mayor no alcance la mayoría de edad. Esto, a la par, impide a las mujeres participar en las asambleas comunitarias donde se toman las principales decisiones de la comunidad. Todo ello impacta negativamente su autodeterminación, ya que el ejercicio de su ciudadanía se encuentra siempre mediada por el padre o el esposo reconocidos como «derecheros» (Olivera, 2017). 

Teniendo en cuenta que no pueden exigir sus derechos ejidales, la lucha que enfrentan las mujeres indígenas contra la privatización impulsada por el neoliberalismo se ve constantemente afectada u obstruida. Además, recae sobre ellas de manera muy particular la violencia neoliberal expresada en el despojo de tierras, en la instauración de megaproyectos y en la violencia militar y policial estatal. Estas últimas no se usan únicamente como estrategias represivas, sino que también garantizan las condiciones para la expoliación del territorio y sus recursos naturales, haciendo del cuerpo de las mujeres indígenas y rurales otro territorio a invadir y desechar. 

El desarrollo de complejos transnacionales de la industria extractivista, de la mano del crimen organizado y de las políticas de militarización, propician fenómenos como el feminicidio, el desplazamiento forzado y la criminalización de la pobreza mediante el encarcelamiento de las poblaciones indígenas, especialmente las mujeres. Procesos de deshumanización y exterminio de las mujeres indígenas que son resultado de la imbricación entre el racismo, el colonialismo, el neoliberalismo y la violencia basada en género. De ahí que esta población requiere de políticas focalizadas e interseccionadas según sus comunidades y territorios.

Han sido varias las voces que han expresado estos conflictos a través del Consejo Indígena de Gobierno. En general, las mujeres indígenas señalan que la falta de reconocimiento jurídico de sus comunidades como pueblos indígenas, la permanencia de actos racistas por parte de los pobladores locales, las acciones represivas entre empresarios y caciques locales, las narco-economías, los intentos de despojo de tierra y agua, el enclave de empresas trasnacionales y la violencia extrema, clasifican como una «guerra contra la vida» en la que ellas han tenido históricamente las de perder (Mora, 2019).

La matriz colonial compuesta por las dinámicas machistas de los «derecheros» al interior de los hogares indígenas, más la discriminación racista y misógina fuera de las comunidades, sumados al sistema capitalista neoliberal y la violencia racista patriarcal, hace que la vida de las mujeres indígenas se encuentre más amenazada y vulnerada y, a la vez, hace que ellas encuentren en la organización comunitaria una estrategia de lucha y resistencia.

Perspectivas y derroteros

Durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), mediante el Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (PROIN), otorgó apoyos a grupos productivos de mujeres indígenas con el propósito de «empoderarlas» económicamente y, a través de esta línea, mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias. Por medio de subsidios y microcréditos se impulsaron grupos productivos de mujeres indígenas como formas de emprendimiento de forma tal que las mujeres indígenas comenzaran a empoderarse tomando decisiones sobre cómo invertir el dinero, en qué gastar y qué comprar, fortaleciendo sus relaciones comerciales entre proveedores y vendedores (Robinson et al., 2022).

Las bases del empoderamiento de este programa para el beneficio de las mujeres indígenas se remontan a las demandas del feminismo liberal de la década de 1970 en Estados Unidos, fundamentalmente. En este sentido, la participación en el mercado laboral y en la vida económica, fuera del llamado «ámbito privado» y de los trabajos del hogar y de cuidados no remunerados, podría facilitar a las mujeres el acceso a puestos de trabajo relevantes, mayor remuneración, acceso a la vida política, etc.; sin embargo, sólo se beneficiaban de estos reclamos aquellas mujeres con una clase social privilegiada. De ahí que PROIN se enmarcase en políticas mercantilistas neoliberales que poco (o nada) tienen que ver con las necesidades más perentorias de las mujeres indígenas mexicanas y las de su comunidad, más bien las emplaza a seguir modelos de vida occidentales bajo una fuerte matriz colonial, en detrimento de la conservación de sus tradiciones y de sus territorios como baluartes de la pluralidad existente en nuestro país.

Bajo el gobierno de la 4T se han desarrollado distintas políticas que si bien aún son insuficientes, se encuentran guiadas hacia las necesidades de los pueblos indígenas y las mujeres que los integran. El Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad, 2020-2024) trabaja de manera transversal e interinstitucional con Secretarías como Semarnat y Sedatu para favorecer que las mujeres indígenas puedan acceder a la tenencia de la tierra, a la vivienda y para que puedan participar en la toma de decisiones sobre bienes de producción y recursos naturales (INM, 2020b).

Este programa se elaboró con la participación de más de 4 mil mujeres de todos los sectores de la sociedad y de las 32 entidades federativas, recogidos en una consulta nacional realizada entre julio y septiembre de 2019. Tiene como eje central a las mujeres rurales, indígenas, afromexicanas y en condición de pobreza, migrantes, discapacidad, niñas, adultas mayores y LGBT+. 

En 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) implementó por primera vez en la historia del país una acción afirmativa dirigida a personas indígenas para la elección a diputaciones federales, obligando a los partidos políticos a postular personas indígenas en 13 distritos electorales. Para el 2021, se incrementó a 21 distritos y nueve candidaturas en las listas de representación proporcional (INE, s/f). No obstante, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México había realizado un llamado a las diversas instancias electorales para que aprobaran acciones afirmativas con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad en el proceso electoral de 2020.

Por otra parte, el programa Sembrando Vida busca mejorar las condiciones de vida de las mujeres campesinas e indígenas y de sus comunidades, eliminando de la solicitud el requisito de que sean ejidatarias o propietarias, y representando apenas el 31% de las personas beneficiadas hasta el 2020 (INM, 2020-a). También se ha destacado que con el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) y los refugios que atienden violencia de género (especialmente las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana) se han beneficiado a más de 1.6 millones de mujeres en todo el país. 

No obstante, los programas y acciones afirmativas mencionadas requieren una articulación en la que participen las propias mujeres indígenas. Por ejemplo, en el programa Producción para el Bienestar apenas el 27.8% de los recursos entregados en 2019 fueron para mujeres productoras agrícolas, sin desagregar la cifra de mujeres indígenas participantes (INM, 2020-a). Además, deben atender a un enfoque interseccional no sujeto a fórmulas homogeneizadoras a pesar de que sean pensadas para la población indígena, ya que en su interior presentan múltiples diferencias. Aun en el desarrollo de estas políticas, las discriminaciones se entrelazan y en muchos casos no llegan los beneficios a manos de quienes más los necesitan.

Persiste la necesidad de una cobertura escolar satisfactoria; de acciones que alcancen la justicia reproductiva y una atención integral de salud; medidas inminentes contra la violencia de género en correspondencia con las particularidades de cada comunidad y que posibilite el acceso pleno a la justicia desde un enfoque multicultural; políticas sistemáticas de protección contra el despojo territorial y los megaproyectos que puede abarcar desde acciones jurídicas hasta la asignación directa y sin intermediarios de recursos económicos a los pueblos indígenas y en especial a las mujeres indígenas.

Hace falta una reforma constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que los reconozca como sujetos de derecho público y que no desautorice su autonomía y su autogobierno. Que considere su acceso a la justicia sin discriminación y armonice las leyes y códigos federales, estatales y municipales: Que diseñe políticas públicas y reconstruya las instiuciones con la participación de los propios pueblos indígenas. Para profundizar la transformación, también hace falta descolonizar el Estado y la política.

Referencias bibliográficas:

Bonfil Batalla, G. (1972). El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial. Anales de Antropología. Revista del Instituto de Investigaciones Antropológicas, Vol. 9, pp. 105-124.

Bonfil, P., De Marinis, N., Rosete, B.P., y Martínez, R. (2017). Violencia de Género Contra Mujeres en Zonas Indígenas en México. SEGOB, CONAVIM, CIESAS.

Ferri, P. (9 de septiembre de 2019). Entrevista con Yásnaya Aguilar. “Los pueblos indígenas no somos la raíz de México, somos su negación constante”. El País.

Herrera, C., y Duhaime, B. 2014. La pobreza de las mujeres indígenas en México. Una intersección de discriminaciones en las políticas de Estado. Debate Feminista, vol. 49, pp. 263-285.

Instituto Nacional de las Mujeres. (11 de junio de 2020a). Las mujeres y el acceso desigual a la propiedad de la tierra en México. https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/las-mujeres-y-el-acceso-desigual-a-la-propiedad-de-la-tierra-en-mexico?idiom=es

Instituto Nacional de las Mujeres. (27 de septiembre de 2020b). Mujeres indígenas: prioridad de la política pública del gobierno de México. https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/mujeres-indigenas-prioridad-de-la-politica-publica-del-gobierno-de-mexico

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. (25 de noviembre de 2017). Datos e indicadores sobre violencia contra las mujeres indígenas. https://www.gob.mx/inpi/articulos/datos-e-indicadores-sobre-violencia-contra-las-mujeres-indigenas

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. (7 de marzo de 2018). Mujeres indígenas. Datos estadísticos en el México actual. https://www.gob.mx/inpi/articulos/mujeres-indigenas-datos-estadisticos-en-el-mexico-actual?idiom=es

Instituto Nacional Electoral. (s/f). Actores políticos. Candidaturas indígenas. https://www.ine.mx/actores-politicos/candidaturas-indigenas-consulta/

Mora, M. (2019). Asesinatos y violencia (neo)colonial contra líderes indígenas en defensa de su territorio en México, LASA Forum (Vol. 50, Dossier 6).

Olivera, M. (2017). Feminismos, mujeres indígenas, derechos individuales y colectivos. Una mirada crítica. Lasa Forum. Volumen: XLVIII. Panel de Derechos Humanos y Movimientos de Pueblos Indígenas en Latinoamérica.

Robinson, D., Díaz, I., Cruz, S. (2022) Políticas públicas y empoderamiento de mujeres indígenas en Ensenada, Baja California. The Anáhuac j. vol.19 no. 2.

Segato, R.L. (2013). «Género y colonialidad. Del patriarcado comunitario de baja intensidad al patriarcado colonial moderno de alta intensidad». La crítica de la colonialidad en ocho ensayos. Y una antropología de la demanda. Buenos Aires: Prometeo.

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