Mujeres afrodescendientes en Cuba y la Tarea Ordenamiento (II y final)

En la primera parte de esta serie presentamos algunos datos que evidencian la vulnerabilidad histórica con la que llegan las mujeres afrodescendientes a la Tarea Ordenamiento en Cuba. En esta segunda parte se discuten algunos desafíos y propuestas para que las nuevas estrategias socioeconómicas acojan e impacten positivamente a este sector, como forma de enfatizar el carácter socialista e inclusivo de la nación. 

Las realidades que describimos no son desconocidas por las instituciones cubanas a pesar de la falta de estadísticas sistematizadas y públicas. No es casual (más bien causal) que el novísimo Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres exija la publicación de investigaciones y estudios desagregados no solo por el género sino también por el color de la piel y el territorio. Se sabe que éstas son variables que profundizan las desigualdades sociales. En el marco del Programa nacional contra el racismo y la discriminación racial, el propio presidente Miguel Díaz-Canel tuiteó que “Necesitamos acciones a favor de personas que han sido marginadas o maltratadas en diferentes contextos”. Ambos programas entrecruzados dan al traste con una población más vulnerable: las mujeres afrodescendientes.

Desafíos y propuestas para una política interseccional de Ordenamiento en Cuba

A propósito del fortalecimiento del municipio como instancia gestora y decisora —de acuerdo con la Constitución de la República de 2019—; y de la descentralización de la asignación de los recursos, se hace viable la creación programas de fomento para las economías locales, implementados desde un enfoque territorial, especialmente en zonas de la periferia de las ciudades, suburbanas, rurales y en las provincias con menores índices de desarrollo e igualdad de género.

De hecho, las provincias orientales, principales emisoras de migrantes internos y que concentran una mayor proporción de personas y mujeres afrodescendientes, presentaban los índices más bajos de igualdad de género (GII por sus siglas en inglés) en el año 2014, con un promedio de 0,328, superando al de las regiones central y occidental, que comportaron 0,303 y 0,253 respectivamente. Esto indica que las brechas de género y raciales se vinculan también a patrones territoriales.

Una de las acciones que pueden desplegarse en este sentido por parte de los gobiernos locales es la detección y entrega de locales y espacios estatales en desuso, abandonados o, sencillamente, que sean de poca rentabilidad para el Estado, con el propósito de que puedan desarrollarse actividades del Trabajo por Cuenta Propia (TCP), cooperativas no agropecuarias o micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMES), teniendo en cuenta los problemas de vivienda descritos y el déficit en el fondo habitacional del país.

Estimular la creación de cooperativas no agropecuarias también abre la posibilidad de un fortalecimiento social vinculado a las economías solidarias, locales y familiares, de dinamizar las pequeñas economías y de contribuir a la disposición de empleos.

La relevancia dada a MPYMES en Cuba o a los TCP es, sin dudas, necesaria. Sin embargo, es vital también tener en cuenta que se puede estar dejando fuera a sectores ya empobrecidos y que se puede estar profundizando la brecha de desigualdades debido, por ejemplo, a inequidades en el ingreso, acceso y disponibilidad los recursos medibles mediante intersecciones de raza y género, como quedó demostrado anteriormente. 

Una parte relevante de las actividades profesionales quedaron atrapadas dentro de las 124 actividades prohibidas para el trabajo por cuenta propia; sin embargo, son actividades que requieren pocos recursos o capitales para iniciar su desarrollo. Creo válido señalar que, además y en relación con las actividades profesionales, las mujeres negras son las que en mayor proporción terminan sus estudios universitarios, representando un 15,01 %; mientras que las mujeres blancas lo hacen con un 12,92 % y las mestizas con un 12,05 %. Este indicador potencializador, sin embargo, se encuentra limitado.

Resulta importante también la participación popular en el diseño de la agenda económica y social.

La descentralización de la asignación de recursos planteada en la nueva estrategia puede tener un impacto positivo en las poblaciones en desventaja si se crea paralelamente un marco normativo adecuado que proteja los derechos e intereses de todas las personas, pero que haga efectiva al mismo tiempo la inclusión de los sectores que sufren desigualdades. Ello requiere de una alta participación ciudadana y de una redistribución también del poder.

Desde los movimientos políticos feministas se interpela la presencia de mujeres —y agrego— de mujeres racializadas en todos los niveles de toma de decisiones en proporción a la población total. Simultáneamente, se hace necesario el debate con la base y la co-creación de agendas públicas.

Teniendo en cuenta lo anterior, considero inminente la aprobación de políticas de cuotas, de manera reglada y sistemática, en los diferentes sectores de la economía, “infiltrando paulatina pero incesantemente” a las mujeres negras y mestizas en los cargos de dirección, en el sector estatal, también en el no estatal y en las áreas de mejores ingresos económicos. Esta es la primera garantía para comenzar a estrechar las asimetrías donde ese sector poblacional se encuentra en desventaja ¹. Una política de cuotas y una ley contra la discriminación, vinculantes para todos los sectores, instancias y entidades, son necesarias para garantizar jurídicamente la no discriminación por motivos raciales y sexistas.

Que las mujeres, cuyas desigualdades estén interseccionadas por la clase, la raza, el territorio, los cuidados, etc., puedan ser sujetas crediticias por los Bancos nacionales para el comienzo de sus emprendimientos, con ventajas impositivas, fiscales y de tasas de interés, son elementos a tener en cuenta. Si bien ha sido criticada la extensión generalizada, generizada y racializada de las deudas mediante los microcréditos en América Latina y el Caribe, en Cuba todos los bancos son estatales, de ahí que los principios rectores del otorgamiento de estos sean constitutivos del socialismo y no en favor de la acumulación privada de capitales.

Otra de las críticas que se les señala a los microcréditos y a la creación de gran escala de microempresas es que, generalmente, no son aprovechados por las personas más empobrecidas, y las que sí, terminan quebrando y pagando deudas. De ahí que las actuales medidas del gobierno requieran, con urgencia, de estrategias de identificación de los sectores empobrecidos y en vulnerabilidad, y del acompañamiento por parte del Estado desde los inicios de la inserción en el mercado y durante todo el desarrollo de la actividad, ofreciéndole ventajas que puedan soportar el mercado. Por ejemplo: la exoneración del pago de impuestos durante los primeros años de funcionamiento del proyecto o emprendimiento.

La dolarización parcial de la economía afecta negativamente a los grupos poblacionales afrodescendientes y feminizados, ya lo hemos visto. El proceso de “desdolarización” requiere debate y discusión pública. Crear un programa a corto plazo y con efectos inmediatos tiene también carácter urgente para ese 40 % de la población con menos ingresos donde, seguramente, están representadas, en gran medida, las mujeres racializadas. Lo anterior es urgente, sobre todo en un contexto en el que la inestabilidad y la subida de los precios no está acorde con los salarios, lo que está provocando serias dificultades para el sostenimiento de la vida diaria de los cubanos.

La búsqueda de la eficiencia y autogestión de la empresa estatal amenaza con un nuevo éxodo a los trabajadores de este sector. De hecho, ha sido anunciada la eliminación de subsidios excesivos para el sector empresarial, lo que podrá provocar el cierre de varias empresas estatales no rentables. Pero ¿de qué puestos y cargos se prescindirá? ¿cuáles serán los sectores por actividad económica que más sufrirán el impacto de las medidas? y con ellos, ¿qué tipo de empresas no resistirán el mercado y quiénes serán los más desfavorecidos? 

Es válido recordar que, en el sector estatal, son las mujeres afrodescendientes las que en mayor proporción ocupan puestos no calificados y de servicios y, en consecuencia, se encuentran subrepresentadas en cargos dirección.

Teniendo en cuenta la experiencia del año 2011, cuando se declararon disponibles e interruptos miles de trabajadores y trabajadoras del sector estatal, la alternativa inmediata a ese volumen de desempleados fue la inserción de estas personas en el sector cuentapropista. Sin embargo, en el 2012 (dos años después de iniciado el reajuste) las mujeres negras y mestizas fueron las que en menor medida lograron insertarse en el TCP, en comparación con las mujeres blancas y los pares masculinos.

Por su parte, al inicio de las medidas de contención de la pandemia de la COVID-19 fueron suspendidas unas 250 mil licencias de trabajadores por cuenta propia, de un total de 640 mil, según declaraciones del Ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil.

Ante esto, salta nuevamente la pregunta ¿quiénes son esos licenciatarios? ¿qué grupos poblacionales los conforman?, de qué territorios fundamentalmente y qué tipo de actividades han sido las principales afectadas? Ante esta pérdida de empleos, clientes y flujo monetario, los empleados y pequeños empleadores quedaron totalmente desamparados. De ahí que el acompañamiento del Estado en la generación de políticas públicas dirigidas a grupos poblacionales vulnerables y empobrecidos sea perentorio. También una ampliación de los derechos y garantías laborales en el Código de Trabajo es indispensable para esta nueva etapa.

También se necesitan políticas públicas con enfoque de género para la restauración y entrega de inmuebles. Si bien el programa de construcción y rehabilitación de viviendas iniciado en el 2018, y con sistemático seguimiento a pesar del COVID-19, ha continuado teniendo resultados satisfactorios, lo cierto es que los beneficiarios del programa se subordinan a un vínculo laboral formalizado y de méritos cuando, por ejemplo, las mujeres cubanas afrodescendientes presentan mayores porcentajes de desocupación, ocupan mayormente plazas de menor categoría y tienen más presencia en el empleo informal; y cuando, de manera general, las mujeres cubanas seguimos llevando a cuestas la doble jornada (casa y trabajo). 

La única política de entrega de viviendas vinculada unívocamente a la población femenina es la paridez y tenencia de más de tres hijos menores de 12 años; sin embargo, la maternidad no agota el enfoque de género. A su vez, está demostrado que las mujeres negras en particular presentan las menores tasas de fecundidad o paridez. 

Una de las quejas más recurrentes es precisamente la insuficiente y contradictoria política sobre los cuidados de la infancia. El estado dispone círculos infantiles para el cuidado de niños y niñas de entre uno a cinco años de edad, sin embargo tienen prioridad para ocupar las plazas vacantes aquellas madres trabajadoras, con prioridad para las que pertenezcan al sector de la salud o la educación. 

Por otro lado, vemos que dentro de las actividades permitidas a realizar por el cuentapropismo en Cuba se encuentra el de “asistente infantil para el cuidado de niños (cuidadora), sin embargo, esta actividad es de alta paga, y el precio más barato por recibir estos servicios representa un tercio del salario promedio de la Isla. 

Es decir, las madres que perciben bajos ingresos, con empleos informales, sin garantías laborales, desempleadas o jefas de hogares solas que buscan insertarse en el trabajo formal remunerado no están comprendidas dentro del programa de círculos infantiles, y tampoco pueden pagar cuidadoras particulares. Mientras tanto, la mayoría de las jefaturas de hogares de personas solas está feminizada y estas, a su vez, racializadas. Sin una red de cuidados eficiente y socializada será más difícil aún reinventar formas dignas para el sostenimiento de la vida y su reproducción. 

En consecuencia, reestructurar la política de cuidados que ofrece el Estado cubano mediante los círculos infantiles debe estar comprendida en el horizonte de la Tarea Ordenamiento. Es urgente. Ya la Ministra de Educación Ena Elsa Velázquez Cobiella anunció la posible creación de “casitas infantiles” en el sector de la producción y los servicios para las madres trabajadoras con hijas e hijos pequeños, sin embargo, de esa política solo se beneficiarían madres ya insertadas en el mercado laboral formalizado y en esas áreas específicas. Bien pudieran incentivarse las cooperativas de cuidados, donde el Estado adquiera obligaciones como aliado y, a su vez, establecer una cuota mínima para madres en desventaja social en todas las modalidades (estatal y no estatal). El programa pudiera también replicarse para los cuidados de las personas adultas mayores.

Por su parte, la asistencia social y los precios subsidiados, aunque han venido sufriendo una disminución desde el año 2010 en cifras significativas, se reducirán aún más con las nuevas medidas del ordenamiento, lo que desplegará un impacto más desfavorable en los grupos vulnerables y empobrecidos.  

Es impostergable que la homogeneidad de las políticas sociales trasmute a una heterogeneidad socialista en atención a las desigualdades. De la misma manera es inminente la combinación de las políticas universalistas con las focalizadas, vinculadas a la territorialidad y a las brechas por género, raza, clase, identidad, origen, y más. Se hace necesario articular la centralización del Estado —en su papel de guía y responsable de las estrategias universales y solidarias— con la descentralización del debate y de la toma de decisiones mediante la participación activa de los sectores comunitarios, familiares, barriales².

Ni estos principios ni las propuestas son excluyentes entre sí, tampoco contradicen las nuevas estrategias y el carácter socialista de la nación. Al contrario, son complementarias y, más que nada, urgentes.

***

Notas 

¹ ROMAY, Z., Elogio de la altea o las paradojas de la racialidad. Fondo Editorial Casa de las Américas, La Habana, 2014.

² ESPINA, M. “En el intrincado mundo de los conceptos. Debates sobre el Estado, la pobreza y las políticas sociales”, En M. Espina, Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad. Examinando el rol del Estado en la experiencia cubana, CLACSO, Consejo Latinoamérica de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 2008-a. http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D1157.dir/espina.pdf.

Fuentes consultadas:

CPCP. Censo de Población y Viviendas según el Color de la Piel, ONEI, La Habana, 2016 

ENF. Encuesta Nacional de Fecundidad, ONEI, La Habana, 2010. 

ENIG. Encuesta Nacional de Igualdad de Género, ONEI, La Habana, 2016. 

ENMIG. Encuesta Nacional de Migraciones, ONEI, La Habana, 2016-2017.

ZABALA, M. DEL C, FUENTES, S., FUNDORA, G., CAMEJO, D., DÍAZ, D., HIDALGO, V., & MUÑOZ, M., “Referentes teóricos para el estudio de las desigualdades sociales en Cuba: reflexiones sobre su pertinencia”, Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina, Vol. 6 No.1, 2018.  

Foto: Abelo/ Vía CubaPosible

Publicado en: OnCuba News