La huelga y el paro

Breve recuento

Al 8M y al 9M de este año les antecede una serie de feminicidios que resultaron mediáticos pero a su vez fueron detonantes para que, a través de potentes manifestaciones públicas, se visibilice el hartazgo de las mujeres mexicanas con la violencia de género, llegando a iniciativas de modificación legislativa como la Ley Ingrid[1] y la tipificación de la violencia de género en el estatuto de la UNAM como falta grave tras meses de paro[2].

Sin embargo, los hechos anteriores por sí solos no han conllevado a estos resultados. Todo comenzó el 3 de agosto de 2019, cuando una niña fue violada por cuatro policías de la Ciudad de México unas cuadras antes de llegar a su casa. Tras quedar en libertad los presuntos violadores, pasadas apenas horas de su detención, diferentes colectivas feministas se organizaron y protestaron de manera contundente frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en la Procuraduría General de Justicia de la CDMX para denunciar la violencia policial y para exigir justicia[3].

Las declaraciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sobre perseguir a las manifestantes abriéndoles carpetas de investigación provocó una consecuencia aún mayor. Con la consigna “No nos cuidan, nos violan”, miles de mujeres organizadas por colectivas feministas tomaron las calles de la capital, demostrando la severidad de sus protestas y los reclamos por un acceso a la justicia de forma segura y garantista para las mujeres, fundamentalmente mediante el incendio a la Estación de Policía de Florencia, las pintas en el Ángel de la Independencia, y el incendio en la Estación de Insurgentes del Metrobús. Al día siguiente Sheinbaum se retractó del intento de criminalización de las protestas y se abrieron mesas de trabajo para responder a las 13 demandas que le presentaran las agrupaciones feministas mediante documento escrito.[4]

El eje transversal de todas estas respuestas ha sido la violencia de género, expresada en sus formas más graves: la violación y el feminicidio. Un denominador común en todas las movilizaciones ha sido la exigencia de la Justicia (#JusticiaParaFátima, #JusticiaParaIsabel, #JusticiaParaAbril, #JusticiaParaMaríaElena, etc.)

¿Qué buscamos con exigir justicia?

Es una exigencia troncal del movimiento más que una meta. Que apresen a los culpables claro que es ganancia cuando la ley y el Derecho son elementos sine qua non para perpetuar el Patriarcado. Pero no es un fin en sí mismo porque no basta con privar de libertad a los culpables, sino denunciar todos los elementos que provocan la repetición sin fin de la violencia género en sus manifestaciones más extremas.

Es por ello que el reclamo, bajo la consigna de Justicia para una víctima en específico, busca objetivos mucho más abarcadores, como interpelar a los gobiernos y sus instituciones a la creación de dispositivos legales que neutralicen y amedrenten la violencia de género. A su vez sensibilizar y concientizar a la sociedad sobre la naturaleza de las dinámicas que provocan la perpetuidad de la violencia de género.

Varios elementos que disparan la lucha

En un simple post, y bien ardida por el contexto, mencioné algunos elementos básicos que creo son indispensables para analizar las demandas más urgentes que caracterizarán la próxima huelga y el próximo paro. También sirve para analizar en qué circunstancias políticas llegamos al 8M en México, y cómo se calificarían estas demandas.

A continuación los ilustraré, solo que esta vez con un poco más de reflexión:

El sujeto violento: Son los hombres los demostradores de poder en todas las relaciones de género, más bien, el sujeto violento es el sujeto masculino. Las estructuras sociales de poder necesitan un sujeto que lo sostenga como elemento de control, amenazante y “moralizante” sobre el otro sujeto, o sea, sobre las mujeres. Históricamente los mandatos de poder son reservorios para los hombres, son ellos el vehículo de dominación sobre los cuerpos feminizados. A los hombres se les ha reconocido y festejado públicamente que tengan dominio sobre el actuar y el destino de la (su) mujer, toda vez que desde los inicios de la familia monogámica la mujer es un bien negociable mediante la dote—no quiere decir que a partir de la misma es que se haya comenzado a cosificarse a las mujeres, sino que con la institución de la dote y la instauración de la familia monogámica se institucionalizó también de manera inequívoca la equivalencia de la mujer como objeto propiedad de los hombres.

Así, son los hombres los cometedores de la violencia de género, los encargados de someter, hasta las últimas consecuencias, a las mujeres bajo su control y poderío, es un mandato de masculinidad, y necesitan demostrarlo en el ámbito público y privado, para seguir ocupando su lugar dominante en la estructura de poder, y que, como tales, sean reconocidos.

Es por ello que uno de los reclamos del movimiento feminista en vistas a la huelga general sea la revisión por parte de los hombres de sus privilegios, de sus mandatos de masculinidad, que no es suficiente con no violar o no matar, sino que desmontar la estructura de poder los involucra a ellos no como aliados feministas, sino como desertores del patriarcado.[5]

El Estado, el Derecho y la ley: Esta organización de poder desde lo particular, trasmuta a lo general, lo que es funcional para el Estado y para su “misión” controladora de la sociedad. De ahí que los sujetos masculinos sean los sujetos privilegiados, a su vez que el sujeto violento y la violencia de género le son funcionales al Estado, masculino y violento también.

Sin el Estado y el Derecho como hacedores de la justicia y como garantes de los privilegios de la masculinidad de manera simbiótica, la violencia de género no tendría lugar impunemente. Son entidades que legalizan las formas de operar del Patriarcado, que le dan forma y que lo sostienen como una alianza blindada entre lo privado y lo público, entre sujetos masculinos que deben mantener sus demostraciones de poderío sobre el cuerpo de las mujeres, sea de manera legal, física o institucional.

Por lo tanto, desmantelar esa organización corporativa de masculinidad[6] tanto en sentido horizontal como vertical, y acceder a la justicia de manera segura y eficaz para las mujeres que sufren violencia de género es un recorrido imprescindible, y por ello es de las principales y repetidas demandas del movimiento feminista. Ese solo reclamo se ramifica en una serie de peticiones específicas como: sancionar los actos de infiltración de datos de los expedientes investigativos, garantizar el debido proceso y la protección a las víctimas y sus familiares, elaboración de protocolos para la seguridad de las mujeres, sanciones severas a quienes violen los protocolos, capacitación y sensibilización en temas de género para los cuerpos policiales y para todos los operadores del derecho, programas de prevención de la violencia a todos los niveles, políticas públicas concretas para lograr una vida libre de violencia en las mujeres, participación de las feministas en las mesas de trabajo, entre muchas más.

Los medios: son quienes crean la espectacularización del crimen, del feminicidio, de la violación. Sin ellos no tuviera lugar la pedagogía de la crueldad[7]—esta que provoca la naturalización de los horrores infligidos de manera ejemplarizante sobre el cuerpo de las mujeres quienes convertidas en objetos corrompibles pierden cada vez más su dignidad, arrumbadas como basura—, o al menos no de la manera tan sistemática y proliferante que viene teniendo lugar en México desde hace varias décadas.

Los medios en general son los voceros inmediatos del Patriarcado, el espacio de realización pública de la demostración de potencia para los sujetos violentos, la herramienta de miedo y sometimiento del Estado para con las mujeres, el altoparlante visual del mandato de masculinidad cumplido.

Una de las fuentes de alimentación de los medios, en cuanto a imágenes y datos sobre las víctimas y los presuntos culpables, viene de las propias autoridades (y aquí una vez más se demuestra la coalición de masculinidades entre los distintos sujetos). De ahí que un logro del movimiento feminista y de su última manifestación hasta la fecha fue la mencionada “Ley Ingrid”, una propuesta de modificación del código penal para aquellos policías y operadores del derecho que infiltren datos del proceso, quienes tendrán sanciones de privación de libertad de hasta 16 años. Sin embargo, el reclamo no debe detenerse hasta prohibir este tipo de imágenes en todos los medios de prensa escrita y digital.

La sociedad y las redes: atizados siempre por los medios—creadores de opinión de la barbarie—siguen culpando a las víctimas y siguen justificando a los sujetos violentos. Concientizar sobre la naturaleza de la violencia de género y las dinámicas en las que opera, es de las metas más espinosas. Cambiar los paradigmas es una tarea ardua porque requiere constancia y sensibilidad en les otres, donde casi siempre encontramos resistencia.

La sociedad entonces se vuelve cómplice de la violencia de género, por eso se tomarán las calles el 8M una vez más, allí donde lo personal se vuelve plenamente político.

Las demandas: carácter y contexto

Pedir justicia a un caso concreto implica todas las demandas que anteriormente y de manera somera se han mencionado, las que abiertamente demuestran su carácter antisistémico. Sin embargo, también el 8M y el 9M llegan en un contexto en el que reconocer el carácter capitalista, neoliberal y colonizante de la opresión estructural contra las mujeres, expresada mediante la violencia de género, se hace insoslayable, aunque no se manifieste fehacientemente en el movimiento feminista mexicano.

El 2019 en México terminó con el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan en tierras zapatistas, y no es casual que se haya convocado a un solo tema: la violencia contra las mujeres. Allí se reconoció el aumento de la violencia feminicida y de la impunidad, en contradicción con algunos logros en cuanto a derechos conquistados y equiparables a los de los hombres, lo que va de la mano con un sistema capitalista patriarcal y neoliberal:

“Y ENTONCES PUES PARECE QUE NUESTRAS MUERTES VIOLENTAS, NUESTRAS DESAPARICIONES, NUESTROS DOLORES, SON UNA GANANCIA PARA EL SISTEMA CAPITALISTA. PORQUE EL SISTEMA SÓLO PERMITE LO QUE LE DA BENEFICIO, LO QUE LE DA GANANCIA. POR ESO DECIMOS QUE EL SISTEMA CAPITALISTA ES PATRIARCAL. (…)

ES NUESTRO PENSAMIENTO ENTONCES QUE, PARA LUCHAR POR NUESTROS DERECHOS, POR EJEMPLO EL DERECHO A LA VIDA, NO BASTA CON QUE LUCHAMOS CONTRA EL MACHISMO, EL PATRIARCADO O COMO LE QUIERAN LLAMAR. TENEMOS QUE LUCHAR TAMBIÉN CONTRA EL SISTEMA CAPITALISTA.”[8]

Segundo Encuentro de Mujeres que Luchan, Foto RZ, tomado de Radio Zapatista

También la huelga y el paro llegan en un contexto de resistencia comunitaria a las políticas extractivistas y de desalojo por parte del Estado, de resistencia a los megaproyectos anunciados por el gobierno[9] y de asesinatos a los principales defensores y defensoras de la tierra, del territorio, a ambientalistas y a líderes comunitarios.[10]

El escenario de descontento con las últimas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a las peticiones feministas, también es notorio.

Para que en México la huelga general tome una connotación anticapitalista y decolonial, tenemos que tener presentes este contexto y sus demandas también, así como la conciencia que estaremos haciendo uso de un privilegio, el de poder parar. Hay que mirar también todos los feminicidios y toda la violencia que genera la trata de personas[11], cuyas víctimas fundamentalmente son mujeres y niñas (casos que no son mediáticos porque viven en la clandestinidad y en la complicidad), las miles de indocumentadas sean por migrantes o por rurales[12], las miles que viven o trabajan en situación de semiesclavitud[13], las miles de ancianas desechables porque no producen[14], las miles de madres solas[15] que no pueden ejercer el derecho a una vida digna, las peticiones de mujeres indígenas, de mujeres afromexicanas[16], que sus feminicidios ni cuentan[17] por lo invisibilizadas que están en una sociedad racista.

Por ello se hace imprescindible atravesar la mirada de todas estas demandas sobre una noción anticapitalista, antiextractivista, antineoliberal y decolonizante, porque el sistema provoca precarización extrema, y esta a su vez un aumento de la violencia de género. No adquirimos derechos—por más que estos se rubriquen en un cuerpo normativo— si nos siguen matando porque se sigue perpetuando el sistema en su génesis. Que el 8M y el 9M se impregne de este espíritu antisistémico en su generalidad también es indispensable para seguir manteniéndonos vivas.