Derribando 5 mitos sobre el aborto

por Alina Herrera Fuentes, María Fernanda Minero y Perla Valero
*El presente artículo es parte de los esfuerzos del Seminario Feminismos a la Izquierda, impulsado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Sus autoras son parte importante de este proyecto.

Introducción

Los registros arqueológicos y antropológicos muestran que el conocimiento de las prácticas abortivas es universal. Se trata de un procedimiento conocido en todas las sociedades humanas, incluso desde la prehistoria^[1]: ha acompañado a la humanidad desde el inicio de los tiempos. Y a pesar de que produce y ha producido reprobación social entre algunos grupos, también ha sido practicado y tolerado por milenios, coexistiendo con nuestra historia como especie humana (Boltanski, 2012). El aborto existe, pero puede ser voluntario, legal y seguro, respetando la autonomía corporal de las mujeres y personas gestantes que decidan realizarlo. Es importante entender que cuando los movimientos feministas luchan por su despenalización «no están dando alas a ninguna pulsión asesina;  [sino que] están luchando por el derecho de las mujeres al control de sus cuerpos, de su sexualidad y por el control autónomo de sus vidas» (Filho, 2013: 12). Una autonomía que continúa incompleta, mientras no se pueda ejercer el derecho a decidir.

El aborto es la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo, antes de que el producto (conocido como embrión y después como feto) esté en condiciones de vivir fuera del útero. Puede ser espontáneo (cuando ocurre por causas fisiológicas o naturales), o bien inducido (cuando se interrumpe un embarazo de manera voluntaria por medios artificiales). En los países donde se han legalizado, los abortos inducidos se practican, en promedio, durante el primer trimestre del embarazo, después de que el embrión (es decir, el óvulo fecundado) se implanta en el útero y comienzan apenas a formarse los órganos y sistemas. Para la semana 12 de gestación —semana máxima hasta la que se permite el aborto legal en ocho estados de nuestro país^[2]— el producto tiene el tamaño de una pulgada: 3 centímetros aproximadamente. No es una persona aún, pues además de carecer de conciencia no puede sobrevivir de forma independiente —separado del útero— y no siente dolor, como lo han mostrado las investigaciones más recientes (BBC, 2010)^[3].

Los abortos inducidos no siempre se practican de forma segura, especialmente en aquellos países donde la práctica está penalizada. Cada año mueren en el mundo alrededor de 47 mil mujeres por abortos inseguros (Boghani, 2012), practicados de forma clandestina y sin la participación de las instituciones médicas. Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), el 45% de todos los abortos inducidos son inseguros, y un tercio de ellos fue realizado por personal sin capacitación y que empleó métodos inapropiados. Estos datos nos muestran que la práctica del aborto inducido ocurre en todo el mundo, pero reporta altas tasas de mortalidad ahí donde no es legal ni seguro.

Los llamados «países en vías de desarrollo» —donde se encuentran las naciones de América Latina y el Caribe— soportan el 97% de todos los abortos inseguros que se realizan en el mundo. Más de la mitad de todos los abortos inseguros ocurren en Asia, mientras que 3 de cada 4 abortos que ocurren en América Latina y el Caribe y África son inseguros. Por tanto, son las mujeres y personas gestantes que habitan los sures globales y que son empobrecidas, las que mueren por este tipo de abortos a nivel global, ya que es en estas naciones de las periferias del capitalismo donde mayoritariamente los abortos inducidos continúan siendo una práctica penalizada, con la excepción de salvaguardar la vida de la mujer por cuestiones de salud o por causal de violación (Rosa, 2022). Es aquí donde aún se ponen limitaciones al pleno ejercicio de la autonomía corporal, sexual y reproductiva de las mujeres y personas gestantes.

Así, teniendo en cuenta estas características, se hace necesario aclarar algunas interpretaciones erróneas sobre lo que implica el aborto, para lo cual revisaremos 5 de los mitos más comunes alrededor de este procedimiento.

Mito 1: Legalizar el aborto fomenta e incrementa su práctica

FALSO. Las tasas de aborto más bajas en el mundo se registran en países donde las leyes son ampliamente permisivas y donde el acceso al aborto se encuentra garantizado. Por ejemplo, en países como Holanda, Bélgica, Alemania y Suiza, los abortos inducidos oscilaron apenas entre 7 y 9 por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva —entre 15 a 44 años de edad—, según datos del Instituto Guttmacher para el 2008 (Biescas, 2022).

Asimismo, la tasa de aborto en promedio ha disminuido en todo el mundo. Entre 2015 y 2019 se realizaron 15 abortos por cada 1.000 mujeres en países de ingresos altos; 44 en países de ingresos medios; y 38 en países de ingresos bajos. ¿Cómo explicar esto? Investigaciones de la OMS y del Instituto Guttmacher evidenciaron que las tasas de aborto han disminuido significativamente desde 1990 en los llamados «países desarrollados», en los que coincidentemente y en su mayoría se ha despenalizado el aborto. En cambio, en países donde continúa siendo ilegal las cifras no logran reducirse, por ejemplo, Haití, Nicaragua, El Salvador y Honduras.

Es importante tener en cuenta que cuando un país logra legalizar o despenalizar el aborto se registra un incremento inmediato en términos relativos, el cual corresponde con el volumen importante de casos que incurrían en la clandestinidad y que pasan a contabilizarse en las estadísticas oficiales. De ahí que, tras despenalizar el aborto, en los primeros años se pueda «percibir» un aparente «aumento» en las cifras, las cuales después disminuyen. Este fenómeno ocurre porque la criminalización del aborto mantiene un subregistro de casos reales, mientras la legalización muestra una realidad de casos totales.

En la Ciudad de México, donde se legalizó el aborto desde el año 2007, se experimentó un aumento paulatino del total de personas usuarias de los servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta el año 2014. Pero a partir del 2015 se ha observado una disminución paulatina y constante que continúa hasta la fecha (GOBCDMX, 2022).

Mito 2: Criminalizar el aborto lo extingue

Falso. Cada año se realizan alrededor de 73 millones de abortos inducidos en todo el mundo (WHO, 2021). Seis de cada 10 (es decir 61%) de todos los embarazos no deseados, y 3 de cada 10 (es decir 29%) de todos los embarazos en general, terminan en aborto inducido. Es decir, hoy día los abortos existen y se practican, independientemente de si son penalizados o no. Lo «único» que cambia con su legalización es que se conviertan en servicios seguros, oportunos, asequibles, geográficamente accesibles, respetuosos y no discriminatorios. Además de que su regulación legal previene muertes maternas, lo que impacta positiva y fundamentalmente a las personas gestantes empobrecidas. A nivel mundial, el 49% de los abortos fueron inseguros en 2008, en comparación con el 44% en 1995 (Sedgh et al, 2012). Es decir, aunque en términos globales la práctica del aborto ha disminuido —especialmente en los países donde se legaliza—, los abortos inseguros han aumentado. Y como se señaló antes, el 97% de los abortos inseguros corresponden a las regiones subdesarrolladas donde el aborto está criminalizado.

En México las complicaciones por abortos en condiciones de ilegalidad ocurren en las entidades donde se criminaliza o donde su acceso se encuentra restringido (ANDAR, 2020). Por ejemplo, el estado de Guerrero ocupa el cuarto lugar de muertes por aborto como causa de muerte, cifra que debe reducirse tras la despenalización que acaba de ocurrir en mayo de 2022. En cambio, en la Ciudad de México, donde existen programas y políticas para la ILE, no se ha registrado ni un solo caso de muerte en servicios de salud por aborto desde su legalización en 2007 (SeMujeres, 2019).

No obstante, aun cuando en algunos países se mantenga la criminalización de la práctica abortiva, las personas que disponen de recursos materiales pueden comprar o adquirir un servicio abortivo en mejores condiciones de seguridad. Es decir, se vuelve una cuestión de clase social, pues las mujeres con recursos que deciden abortar encuentran la forma de hacerlo de forma segura, por ejemplo, al pagar clínicas privadas o al desplazarse a otro territorio donde sea legal. Por tanto, la criminalización legal no surte efectos para todas las personas por igual, sino que está dirigida contra aquellas que son pobres o discriminadas racial, étnica o geográficamente; siendo estas mujeres y personas gestantes quienes encuentran la muerte o los peligros en los abortos inseguros. Por ello, existe una desigualdad de clase y de raza en el acceso al aborto; siendo un derecho que es ejercido, de facto, por las mujeres privilegiadas, mientras que las mujeres pobres son condenadas a prácticas clandestinas e inseguras. Mantener la criminalización del aborto (GIRE, 2018) se traduce, entonces, en una política casi eugenésica destinada a dejar morir a las mujeres empobrecidas.

En México, según el Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE, 2018), entre 2007 y 2016 se registraron 4 mil 246 denuncias por el delito de aborto (y delitos asociados). De ese número, 531 casos fueron procesados penalmente y 228 terminaron con una sentencia judicial. En nuestro país, se han registrado 200 casos de mujeres presas por delitos relacionados con el aborto, como partos espontáneos, abortos prematuros y emergencias obstétricas (EFE Verifica, 2022). Y si bien la gran mayoría de las denuncias no concluyen en una sentencia, la criminalización tiene efectos importantes sobre la vida de las mujeres. Bajo un contexto de permanente violación a los derechos humanos en el que los estados incumplen con sus obligaciones, muchas mujeres no tienen acceso a información de salud sexual y reproductiva y a anticonceptivos de calidad; viven situaciones recurrentes de violencia familiar y experimentan forman de violencia sexual, además de vivir en situaciones económicas precarias. Todo ello abona a la criminalización y estigmatización social del aborto, ya sea por causas naturales o inducidas.

Mito 3: Todos los abortos son legrados y aumentan la mortalidad materna

Falso. La interrupción del embarazo con medicamentos que inducen el aborto (conocida como «píldora abortiva» o aborto farmacológico) ha ido sustituyendo en amplio margen las intervenciones quirúrgicas para abortar (como el legrado). La propia OMS recomienda el aborto con medicamentos y la aspiración por vacío como métodos seguros para la interrupción del embarazo durante el primer trimestre de gestación.

Este adelanto indiscutible de la tecnología en favor de las mujeres y personas gestantes ha contribuido a que el riesgo de muerte por abortar sea muy remoto y comparable solamente con el aborto espontáneo. Por ejemplo, en Estados Unidos la tasa de muerte por abortos farmacológicos es de 0.8 por cada 100 mil procedimientos, mientras que la tasa de muerte por abortos espontáneos es de 0.7 por cada 100 mil abortos espontáneos (IPAS, 2010). En cambio, en ese mismo país, el riesgo de muerte en el parto es de 12.9 por cada 100 mil nacidos vivos.

En la Ciudad de México se han realizado 209 mil 353 procedimientos legales y gratuitos de interrupción voluntaria del embarazo (ILE) entre 2007 y 2019, de los cuales 161 mil 788 se realizaron con medicamentos (77,3%); 44 mil 524 con aspiración (21,3%); y sólo 3 mil 041 a través de un legrado (1,4%). Es decir, el aborto por legrado no es el procedimiento más utilizado en nuestro país dentro del marco de la legalidad. Ninguno de estos procedimientos practicados en las 13 clínicas públicas de ILE, incluidos los legrados, ha resultado en la muerte de una sola mujer. Esto hace que la capital de nuestro país se encuentre por encima de los estándares internacionales, a la par de los países «desarrollados del primer mundo» (Flores, 2019).

Cuando hablamos de las estadísticas de muerte materna, los datos del Banco Mundial (s.f. A) estiman que la tasa de mortalidad materna en la Unión Europea fue de 6 muertes por cada 100 mil nacidos vivos entre 2012 y 2017. Mientras que en América Latina y el Caribe la tasa registrada fue de 74 muertes por cada 100 mil nacidos vivos en 2017, y 33 por cada 100 mil nacidos vivos en el caso de México (Banco Mundial, s/a B). ¿Qué porcentaje de estas muertes maternas corresponden con el aborto inseguro en todo el mundo? Entre el 4,7 y el 13,2 %, registradas entre los años de 2003 y 2009.

Donde el aborto es legal, la tasa de mortalidad materna por esta causal desciende o hasta desaparece. Ejemplo es el caso de Uruguay, donde el aborto es legal desde el año 2012. Entre 2001 a 2005, cuando el aborto aún estaba penalizado y era realizado en marcos de inseguridad, provocaba el 37% del total de muertes maternas (Briozzo et al., 2016); pero este número disminuyó drásticamente entre 2011 y 2015 con la legalización, reduciéndose al 8%. Según datos del Ministerio de Salud de dicho país (2017), desde su legalización en 2012 sólo se han registrado 3 muertes maternas a causa de abortos, los cuales fueron realizados de manera clandestina (Martínez, 2018).

Mito 4: El aborto causa cáncer y síndrome de trauma postaborto

Falso. Hasta el momento no se ha verificado ningún estudio científico riguroso que demuestre que las mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo en condiciones de seguridad y legalidad, tengan secuelas mentales o algún síndrome de estrés postraumático. Una investigación de la Universidad Johns Hopkins realizada en 2008, revisó 21 estudios que involucraron a un total de 150 mil mujeres, donde no se evidenciaron diferencias en la salud mental a largo plazo entre quienes decidieron abortar y quienes no. Por su parte, la Universidad de California realizó un seguimiento durante 5 años a 956 mujeres y concluyó que aquellas que no pudieron acceder a un aborto tenían más posibilidades de experimentar «altos niveles de ansiedad, una satisfacción vital menor y una menor autoestima», en comparación con las mujeres que sí pudieron abortar (EFE Verifica, 2022).

Por su parte, la OMS (2012) publicó un estudio que analiza los casos de 83 mil mujeres que habían decidido interrumpir sus embarazos de manera voluntaria y su posible relación con el cáncer de mama, y concluyó que no existe relación alguna entre el aborto y este tipo de cáncer. Asimismo, la Sociedad Estadounidense del Cáncer (2014) dedicó una sección para desmentir esta supuesta correlación, subrayando que «los estudios de investigación científica no han encontrado una relación de causa y efecto entre el aborto y el cáncer de mama».

Mito 5: El aborto es una demanda reciente

Falso. En términos de los estados modernos, la URSS fue el primer territorio en legalizar el aborto (Frencia y Gaido, 2018). El 18 de noviembre de 1920, el Comisariado del Pueblo para la Salud y la Justicia publicó un decreto sobre la terminación artificial del embarazo a sólo tres años de la Revolución de 1917. A iniciativa de las mujeres trabajadoras y campesinas, la Unión Soviética fue el primer país en el mundo en permitir su práctica gratuita y con fines no médicos en hospitales públicos, como resultado de una demanda popular de las mujeres organizadas. Treinta años después, Corea del Norte legalizó el aborto en 1950; le siguió Hungría en 1953; Cuba en 1965; Dinamarca, Túnez y algunas entidades de los Estados Unidos en 1973; hasta alcanzar un total de 70 países o territorios para el 2022.

El aborto, como una práctica política resultado de la lucha de la autodeterminación de las mujeres sobre sus cuerpos, tiene también su historia en América Latina. Desde la colonización de los territorios de Abya Yala —nombre que algunos grupos originarios le daban a nuestro continente—, las prácticas abortivas, fundamentalmente aquellas realizadas por las mujeres negras esclavizadas, no sólo constituyeron verdaderas estrategias de resistencias para lograr su libertad y la de su prole, sino también para subvertir matrices de poder y dominación que se sistematizaban sobre sus cuerpos, colectividades y descendencias (Ugueto-Ponce, 2021).

La interrupción del embarazo en la esclavitud colonial se encontraba asociada también a los conocimientos que aquellas mujeres negras tenían acerca de la salud, las enfermedades, la muerte, la partería, el manejo de plantas antifertilizantes, la curandería y más. Además de poder abortar ellas mismas, ayudaban a otras mujeres (incluidas sus ‘amas’ y las hijas de sus ‘amas’) a interrumpir embarazos no deseados, pues la práctica abortiva significó un uso político del cuerpo de la mujer esclavizada como mecanismo de resistencia y oposición al sistema esclavista.

En el caso de México, existen huellas históricas fehacientes que indican que el aborto ha sido una demanda de larga data. El Primer Congreso Feminista realizado en nuestro país, celerebrado en Mérida, Yucatán, en 1916 —en plena Revolución Mexicana—, ya retomaba las demandas del acceso al aborto y la prevención de embarazos no deseados. Y fue, de hecho, la reacción conservadora contra la organización de las mujeres por sus derechos sexuales y reproductivos, la que propuso la celebración del 10 de mayo como día de las madres, para contrarrestar dicha avanzada progresista.

Dos décadas después, en 1936, la médica y feminista Ofelia Domínguez Navarro propuso, por vez primera al Congreso, la despenalizaicón del aborto. Para 1977, en medio del auge de una «ola feminista» mundial, la Coalición de Mujeres Feministas en alianza con la izquierda partidaria, envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados sobre la maternidad voluntaria, que contemplaba la despenalización del aborto. Esta iniciativa feminista fue llevada al pleno por la bancada del Partido Comunista Mexicano, mostrando la histórica alianza que ha existido entre las izquierdas y la lucha de las mujeres mexicanas por su plena autonomía, incluido el derecho a decidir y la ampliación de los derechos sexuales y reproductivos.

¿Por qué defender el derecho al aborto voluntario?

La OMS estipula que el aborto es un derecho humano, y está contemplado entre los derechos sexuales y reproductivos, pues forzar a una persona a continuar con un embarazo no deseado se considera tortura: las mujeres no somos incubadoras sino sujetos con autonomía. La legislación sobre el aborto no debe depender de asuntos morales ni religiosos y mucho menos en los Estados laicos, pues se trata de un asunto de salud pública. Al ser un derecho, los Estados están obligados a ofrecer el servicio a la población para quienes decidan ejercer su derecho a interrumpir un embarazo, garantizando su acceso y sus prácticas seguras. Además, en México la Suprema Corte de Justicia, nuestra máxima instancia del poder judicial, declaró inconstitucional la criminalización de esta práctica desde el año pasado, 2021.

La despenalización del aborto tiene que ver con el respeto de la autonomía corporal, sexual y reproductiva, es decir, es parte del ejercicio de la plena autodeterminación de las mujeres y personas gestantes. No olvidemos que el sistema patriarcal, una de las formas más antiguas de dominación que hoy convive y coexiste con el capitalismo neoliberal, implica el control de la sexualidad y la reproducción de las mujeres; esto es, un control sobre sus cuerpos. Por ello, mientras el aborto voluntario esté penalizado y criminalizado, significa que el patriarcado está presente y más vivo que nunca, controlando algo tan fundamental como el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y nuestra reproducción. Por todo esto, la lucha por el aborto voluntario, legal y seguro es una de las grandes luchas insignias contra el patriarcado y en favor de la libertad humana y la autonomía corporal.

Todas las personas que se posicionan en contra de la opresión y la violencia contra las mujeres deben apoyar la despenalización del aborto como un acto consecuente con sus principios políticos, independientemente de su decisión personal sobre practicarlo o no,  pues su legalización no implica que todas las mujeres van a abortar o están obligadas a hacerlo. No apoyamos causas y abrazamos objetivos políticos por nuestro interés individual, privado y mezquino, sino que abrazamos una causa por el bienestar social y el bien común. Y el aborto legal y seguro constituye una necesidad de salud pública para las mujeres hoy. Apoyar la despenalización del aborto no significa fomentar su práctica, significa defender el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, un derecho fundamental para todas las personas sobre cualquier procedimiento que impacte a su corporalidad. Significa defender la autodeterminación de las y los sujetos, y esto es una cuestión de autonomía política que trasciende a las creencias individuales.

Apoyar que el aborto siga siendo ilegal y criminalizado es apoyar el patriarcado. Y para un movimiento de izquierda, como lo es Morena, es una contradicción defender la soberanía de la nación y no defender la soberanía de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Es una incongruencia luchar por el bienestar y la justicia social bajo el principio ético de «primero lxs pobres» y mantener el aborto como un privilegio de clase para las ricas mientras condenamos a las mujeres pobres a morir. O defendemos todos los derechos de las mujeres, o ninguno. No podemos elegir cuáles derechos nos son convenientes y cuáles no. Si estamos a favor de que las mujeres puedan votar y ser votadas, como un reconocimiento de su ciudadanía plena, no podemos menoscabar sus otros derechos, como los sexuales y reproductivos. Es una cuestión de congruencia política y es un llamado de responsabilidad para saldar una deuda histórica con los derechos de las mujeres.

Porque somos de izquierda:

defendemos la autodeterminación de las mujeres y la nación.

#SeráLey

^[1] Durante el paleolítico (período que corresponde con la prehistoria), el aborto se practicaba como una forma de control poblacional mediante procesos químicos (venenos vegetales y animales) y mecánicos (golpes sobre el abdomen).

^[2] Salvo el caso de Sinaloa, donde el aborto voluntario está permitido hasta la semana 13 de gestación. En Coahuila, por su parte, la SCJN declaró inconstitucional criminalizar el aborto voluntario, pero no se ha modificado el código penal del estado.

^[3] Un estudio publicado en el British Medical Journal, señala que las redes neuronales que permiten procesar el dolor aparecen hasta las 26 semanas de gestación, de modo que no sería posible que un feto «sienta» dolor durante las semanas previas. Además de que el dolor no sólo se reduce a una experiencia fisiológica, sino que surge de nuestras experiencias sociales y se desarrolla por la estimulación y la interacción humana.

Referencias

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Imagen: Seminario Feminismos a la Izquierda

Publicado en: Revista Conciencias