El hilo que los une: tres hombres y el abuso sexual

En apenas una semana tres episodios de abuso sexual involucrando a figuras públicas fueron noticia en medios de prensa y redes sociales. El primero fue la petición que hizo Dalai Lama a un niño para que le chupara la lengua, luego de besarlo en la boca en medio de un ceremonial público. El gesto levantó muestras de indignación e intolerancia en las redes sociales.

Aunque se ha argumentado que las distancias culturales provocan sesgos interpretativos en torno al acontecimiento, las disculpas públicas ofrecidas por el líder espiritual budista, no obstante, fueron doblemente humillantes y omitieron cualquier referencia a la cuestión cultural. Más bien se enfocó en argüir que así “normalmente” se comporta (el Dalai). El niño, por su parte, se mostró claramente incómodo ante el pedido. 

Pocos días después, trece mujeres se unieron para acusar al actor francés Gerard Depardieu de abusos y violencia sexual. Las denunciantes, entre las que figuran actrices, maquillistas y personal de producción, alegaron que el actor las tocó (en algunos casos por debajo de la ropa) e intentó besarlas, o quitarle la ropa interior (a una de ellas).

La denuncia señalaba, también, que Depardieu profería a algunas de ellas comentarios de connotación sexual a viva voz o frente a terceras personas, muchas veces ofensivos. Los hechos tuvieron lugar durante 11 rodajes entre los años 2004 y 2022. El diario francés Mediapart publicó los testimonios. La discusión en torno al movimiento Me Too se reavivó en este contexto. Se señaló además en medio de la polémica que el actor fue imputado penalmente en 2021 por los delitos de violación y agresiones sexuales, crímenes por los cuales aún se encuentra vinculado a proceso legal. 

Luego se hizo viral el artículo académico “Las paredes hablaban cuando nadie más lo hacía”, en el que tres investigadoras denuncian al sociólogo portugués Boaventura De Sousa Santos por abuso sexual. En el artículo Boaventura es referido como “profesor estrella” y no identificado por su nombre (aunque las referencias que se ofrecen al lector son suficientes para hacerlo). Las acusaciones se relacionan a hechos ocurridos entre 2011 y 2019 en el Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coimbra, en Portugal. El artículo fue publicado como capítulo de un libro en idioma inglés y editado por la británica Routledge. Ahonda además en conceptos que explican las formas en que tienen lugar los abusos sexuales en espacios tan idealizados como la academia.

Estos escándalos nos vuelven a mostrar que los abusos sexuales, mediados por relaciones de poder y de género, nos atraviesan transversalmente. Circulan y sobreviven en espacios como los religiosos, de fe o espirituales; y ámbitos laborales, como el cine y la academia y, como parte de ella, la docencia y los lugares de aprendizaje.

También nos ponen enfrente otro asunto relevante. Las vías de denuncias, en estos tres casos, no han sido las “formales”. Los hechos han sido denunciados a través de las redes sociales, los medios de prensa y, en el último caso, un artículo académico. Todos los canales han sido públicos, pero no legales. 

Por último, en todos los casos estamos frente a personalidades de altísimo reconocimiento público; personas influyentes, respetadas y admiradas a larga escala por sus trayectorias de vida y profesionales. La fama mundial de la que goza cada uno les ha permitido acumular un importante capital social. Por eso, en estos casos, buena parte de los seguidores de esas figuras suelen mirar las denuncias con recelo e incredulidad. Esta dicotomía entre quienes apoyan a los presuntos abusadores y quienes cobijan a las demandantes, más que convertirlas en fuerzas de choque, nos abre la posibilidad de plantearnos varias interrogantes que pueden ser trasladadas hacia lo local; hacia nuestros países y contextos más inmediatos. 

Abusos en espacios espirituales, religiosos y de fe

Los escándalos por abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica han sido recurrentes y abarcan un amplio espectro en el mapamundi. En Estados Unidos se calcula que las víctimas de crímenes en ese contexto superan las 100 mil personas. En Chile se abrió, solo en 2019, un proceso contra 148 trabajadores de la iglesia con más de 250 víctimas. En Alemania, entre 1946 y 2014, alrededor de 1670 clérigos habrían abusado de 3600 menores; y en Australia la cifra de víctimas de abusos sexuales asciende a 60 mil. Colombia, Francia, Portugal, Irlanda, etc., han reconocido también en cifras de miles los casos de pederastia, una de las dimensiones del abuso sexual, en los que ha estado involucrada la iglesia, o se encuentran procesando a sus líderes o autoridades.

Aunque la iglesia católica ha sido la institución religiosa más reconocida en cuanto a casos de abusos sexuales, no es la única. El hecho reciente que involucraba al Dalai Lama puso al descubierto que allí donde hubiese una figura de admiración y autoridad moral, al mismo tiempo imbuido de fe y espiritualidad, podría haber abuso de poder y un uso distorsionado de la jerarquía religiosa.

El budismo ha saltado como un ejemplo más en los últimos días. Pero en Cuba, por ejemplo, también los abusos sexuales han tenido lugar en la práctica religiosa de raíz afrocubana. El caso más emblemático y reciente ha sido el del trovador Fernando Bécquer, quien usaba la religión yoruba como carnada para atraer a sus víctimas y abusar sexualmente de ellas. Lo hacía bajo el pretexto de realizarles obras de limpieza espiritual. Demostrar sus “conocimientos” acerca de los orishas, los oráculos de adivinación de la santería y cierta “capacidad” en el espiritismo hacía que se convirtiera en un guía espiritual de confianza para las mujeres que requerían de su ayuda.

Y, aunque el caso Bécquer fue el más conocido, no ha sido el único.

Los ámbitos laborales: más allá del cine y del Me Too

El hashtag #MeToo fue usado por primera vez en 2006 por la activista afroestadounidense Tanara Burke en la red social My Space. Burke, en ese entonces, quería generar conciencia sobre la transversalidad social de los abusos y agresiones sexuales hacia las mujeres. Yo también, pero en inglés, indicaba que, más allá de un u otro caso aparentemente aislado, se trataba de un problema sistémico, pues muchas mujeres y niñas eran violentadas sexualmente en diferentes contextos y circunstancias. 

Años después, en el 2017, el #MeToo es retomado y se convierte en un movimiento de denuncias en el campo de lo virtual, sin precedentes. La chispa fue encendida por la actriz estadounidense Alyssa Milano contra Harvey Weinstein, un productor de cine que además de grandes éxitos en Hollywood cosechaba décadas de violencia sexual. El primer día, el #MeToo se usó 200 mil veces en Twitter y, al siguiente día, más de medio millón. En 85 países llegó a ser tendencia, con derivaciones idiomáticas de la etiqueta.

El movimiento, principalmente concentrado en la industria cultural, tuvo detractores y defensores. Una carta abierta, firmada por reconocidas mujeres francesas, le hizo oposición con argumentos relacionados al “pánico moral” por la libre sexualidad que podría desatar el movimiento, la incitación al odio contra los hombres, la confusión entre violencia sexual y comportamientos no deseados y, también, por las acciones de revisionismo y cancelación que estaban teniendo lugar contra artistas de fama mundial, interpelando, así, la necesidad de separar al autor y a su obra.

Las defensas se enfocaron en que al fin se rompía el silencio contra abusadores sexuales de prestigio nacional o internacional, contra los cuales se hacía muy difícil establecer una denuncia legal creíble. La presunción de inocencia se tambalea cuando de redes sociales y prensa sensacionalista se trata, pues muchas veces se da por sentado que la persona denunciada en dichos vehículos públicos es culpable. La presunción de inocencia es un principio procesal del derecho penal garantizado mediante normas, obligaciones de las partes, etc. Por ello, otras manifestaciones al respecto del Me Too expresaban preocupaciones sobre la posibilidad latente de que medios y redes se convertieran en tribunales de acusación pública. 

Sin embargo, espacios feministas abordaron el fenómeno desde un ángulo mucho más complejo y que sigue estando vigente: ante tanta impunidad y vehículos legales inoperantes e ineficientes ¿qué opciones hay para denunciar estos crímenes y, sobre todo, visibilizarlos?

Las preocupaciones son legítimas y hay que resolverlas, pero la necesidad de atender los casos de acoso, abusos y agresiones sexuales en el ámbito del trabajo (más allá del cine y la industria cultural), es urgente. El Me Too nos dijo a las claras que estamos ante una epidemia silenciosa ¹ en la que las estructuras legales vigentes no funcionan. El MeToo sacó a los ojos del mundo la magnitud de un problema global escondido e irresuelto.

Por eso las redes, los medios, y muchas veces el anonimato, condensan la denuncia pública. La revictimización que genera el curso legal es galopante (lo hemos visto en el caso de Amber Heard y Johnny Depp, o en el caso de Roman Polanski, en el que Samantha Geimer, su víctima, salió en defensa del cineasta por haber sido tratada únicamente como eso). Por eso es crucial adentrarnos en este debate por más espinoso que sea.

Todavía hoy los activismos y los espacios académicos enfatizan en la importancia de preguntarse cuáles han sido las mujeres beneficiadas con el movimiento —si las hay—, cuáles tuvieron acceso a las redes, o a los medios de prensa, o a un artículo académico, o a poder firmar con su nombre y sostener acusaciones.

Para las que han podido hacerlo, el Me Too tampoco ha sido la panacea, porque la revictimización las espera siempre. Pero, ciertamente, hay una brecha entre las que alcanzaron esa visibilidad y las que no: las mujeres racializadas, empobrecidas, no instruidas, mujeres trans y otras que se encuentran ubicadas en los márgenes sociales han quedado relegadas de las articulaciones de la denuncia pública (sea en redes, en prensa o en capítulos de libros).

Acoso en ámbitos laborales, un repaso por Cuba

Cuba tampoco escapa a las dinámicas de acoso y agresiones sexuales en los ámbitos laborales. Aunque el campo de la cultura ha sido, en la isla, también la punta del iceberg para visibilizar el problema, hasta el momento no se ha verificado una proliferación sistemática de demandas de este tipo. No obstante, se pueden mencionar algunos casos como el del músico José Luis Cortés, y otros intentos ² de denuncias públicas en redes sociales contra el actor Renny Arozarena y el famoso cantautor Pablo Milanés, y el propio caso de Fernando Bécquer, quien sí fuera procesado y sentenciado penalmente.

Nuevamente, en todos los casos anteriores afloran las limitaciones anteriormente comentadas, tanto de las vías legales como de las no legales, en particular las denuncias públicas en plataformas de internet. La necesidad de contar con estructuras jurídicas (no exclusivamente penales) que faciliten la interposición de demandas de este tipo y que conlleven a un proceso con el debido acompañamiento legal, institucional y psicológico, con medidas o sanciones de amplio rango (incluyendo aquellas que sean reparadoras y preventivas), no admite más demora.

Se sabe que los mundos laborales repiten estructuras jerárquicas de poder, de género y sexuales dispares. Frente a eso, trabajadores y trabajadoras requieren, cuanto antes, protección.

La academia, la docencia, las escuelas

La denuncia contra el afamado sociólogo Boaventura de Sousa Santos, además de enconar los debates ya mencionados (porque ciertamente se repiten con cada figura pública demandada por abusos sexuales), ha puesto en la mira otras dinámicas más invisibilizadas aún.

¿Qué mujeres/personas son más vulnerables que otras ante abusos de este tipo? ¿quiénes pueden denunciar? ¿a qué denunciantes se les cree más? ¿cuáles tienen acceso a publicar sus experiencias en un artículo académico? ¿a quiénes se publica? Y, en general, ¿qué está pasando en mundos tan idealizados como la academia?

El testimonio de Moira Millán contra Boaventura lo dice a las claras. Una mujer pobre e indígena, aunque académica, es más vulnerable. A una mujer pobre e indígena se le cree menos. A un “gurú” siempre se le cree y se le protege. Precisamente, por la escala de poder y reconocimiento del sociólogo, las tres investigadoras (una portuguesa, otra estadounidense y otra belga) que se unieron para denunciarlo se aseguraron de “blindar” de alguna manera sus testimonios usando como vehículo un texto académico.

Grafitis registrados en fotografías de 2018 donde se lee “Fuera Boaventura. Todas sabemos” (en portugués) en las paredes del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, también forman parte de las evidencias que el artículo recoge. 

Con todo lo anterior, tanto la Universidad de Coimbra como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), le suspendieron clases, conferencias y actividades al profesor. Una práctica recurrente cuando las personas denunciadas detonan un escándalo público. No obstante, se abren más interrogantes que considero vitales para pensar en posibles soluciones: ¿es suficiente con la suspensión, expulsión o cancelación? ¿las denunciantes fueron consideradas para estas medidas? ¿sancionar equivale a asumir un compromiso institucional para evitar y atender casos futuros de esta índole?

En el 2018, el profesor cubano-americano Jorge Domínguez fue suspendido administrativamente de Harvard por varias denuncias de acoso sexual en su contra. Al siguiente año, el también profesor cubano radicado en México, Armando Chaguaceda, fue sancionado en una demanda colectiva por acoso sexual a una sanción máxima de 8 días de suspensión por la Universidad de Guanajuato. Si bien fueron hechos que tuvieron lugar fuera del territorio nacional cubano, no obstante, involucran a docentes de ese origen. 

Lo anterior nos lleva a preguntarnos: ¿los profesores radicados en Cuba también incurren en agresiones y acoso sexual? ¿será más viable denunciar fuera que dentro de Cuba? La primera pregunta tiene como respuesta un sí rotundo, aunque no se publiquen estadísticas sobre ello. No obstante, ha sido un problema reconocido en la Estrategia Integral de prevención y atención a la violencia de género (última política del Estado para atender la violencia de género) y al que exclusivamente se le dedicó un apartado en el componente “Educación y formación continua para todos los niveles de enseñanza”. El problema existe y es actual.

Nunca es fácil denunciar acosos, abusos o agresiones sexuales. Pero, teniendo en cuenta la segunda interrogante, que plantea un marco comparativo entre la viabilidad de denunciar en unos países y otros, lo cierto es que en materia de viabilizar las denuncias por violencias en los ámbitos académicos, escolares y universitarios, Cuba se encuentra rezagada.

Es común acceder a protocolos de atención contra el acoso y la violencia basada en género y sexualidad en universidades y planteles docentes de América Latina, el Caribe y América del Norte. Sin embargo, en Cuba, recién es que se está impulsando la creación de protocolos (generales) en los organismos de la administración central del Estado y en los gobiernos territoriales, incluyendo los Ministerios de Educación y de Educación Superior. Ejemplo de ello es la citada Estrategia Integral. 

En ese devenir, del cual casi no se tienen noticias, el compromiso institucional deberá abarcar más que un pliego de sanciones administrativas. Contemplar los diferentes grados de vulnerabilidad, el enfoque de género y su ensamblaje con otros diferenciadores sociales (como el origen territorial, la condición racial, la sexualidad, la identidad de género, la edad, y más), es imperativo. Casos de ejemplo, como el de Boaventura en Portugal, sobran. Asimismo, será preciso tener en cuenta que la imposición de sanciones no es equivalente a la justicia. Los canales deberán permanecer abiertos para una escucha activa de las víctimas, con suficiente acompañamiento y con soluciones que reparen a las personas directamente involucradas y a la comunidad.

Los hilos

El hilo de abusos sexuales que unen a las tres personalidades que dan inicio a este texto no se agota en ellos. Los tres pertenecen a distintas geografías, culturas y ámbitos profesionales. Eso nos da la medida de que el problema de la violencia sexual, aunque toma matices propios según los contextos, es transversal y, en la misma magnitud, deben pensarse las soluciones.

Lo anterior se replica para Cuba. Si bien la Estrategia Integral aborda el fenómeno para una parte importante de la institucionalidad cubana, muchos espacios quedan fuera, como los de fe, los religiosos y los espirituales. De ahí que la necesidad de una Ley integral contra la violencia de género se mantenga. También para que los espacios laborales (la cultura y las artes incluidas) en el país cuenten con algún tipo de recurso de protección a potenciales víctimas especializada.

Esos hilos se convierten en grandes redes cuando vamos al fondo de las violencias sexuales. En esas redes nos encontramos atrapadas todas y todos; será nuestro deber, también, desenredarlas.

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Notas: 

¹ La OMS ha declarado a la violencia de género como una pandemia mundial. 

² Las personas denunciantes retiraron sus testimonios de las redes sociales.

Imagen: Kaloian

Publicado en: OnCuba News